El último pleno de 2024 en el Congreso de los Diputados ha tenido como resultado una de cal y una de arena para el Gobierno. Por un lado, la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha salido adelante pero, por otro, ha tenido que asumir la eliminación del gravamen extraordinario a las grandes energéticas dentro de su paquete fiscal.
El PNV, Junts, PP y Vox se han unido para lograr que el artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas, prorrogado desde 2023, se derogara.
Esto dificultará la continuidad del impuesto a partir del 1 de enero, a pesar de que el Ejecutivo tiene previsto aprovechar el Consejo de Ministros del próximo lunes para aprobar un decreto con el que establecer su prórroga (aunque este deberá ser posteriormente convalidado en el Congreso).
Es decir, PNV ha unido sus votos a PP, Vox y Junts para la derogación del artículo que regula la tasa por la que se crearon los gravámenes temporales energético, de entidades de crédito y establecimientos financieros, y de la que deriva el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
