El ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado «prevaricador» y de «mentir» al distorsionar la declaración de Blanca Gil de Antuñano, la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa Business School, con el objetivo de imputar a Juan José Güemes.
El vicepresidente económico de la institución contradijo previamente al magistrado y negó haber favorecido a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente.
En apenas nueve minutos, el juez Peinado terminó imputando al testigo, afirmando que mentía sobre otra persona que estuvo en la sala, cuando en realidad fue el propio juez quien dio una versión diferente de lo ocurrido.
Al inicio del interrogatorio, el juez advirtió al testigo sobre su obligación de decir la verdad, pero poco después cambió abruptamente el tono de las preguntas.
Según informa TVE, Güemes negó en su declaración ante Peinado que Gómez hubiera sido contratada por su relación con el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, Peinado cuestionaba esta afirmación, señalando que no se tenía copia del currículum de Gómez y que el contrato se había formalizado tras la llegada de Sánchez a la presidencia, lo que generaba dudas sobre la verdadera motivación de su contratación y que Blanca Gil había dicho Güemes le había dicho que la motivación para contratarla era que Goméz es la mujer de Sánchez. Peinado advirtió a Güemes que podría pasar de testigo a imputado, y así lo hizo.
No obstante, Peinado indica que lo que dice no es cierto. Sonsoles Blanca Gil de Antuñano reconoció que se incluyó una cláusula de conflicto de intereses en el contrato de Gómez. Según la declaración de Blanca Gil, esta cláusula, comúnmente presente en casos similares con familiares de funcionarios públicos relevantes, se incluyó debido a la relación de Gómez con el presidente del Gobierno. Aunque Gómez negó este vínculo personal, Peinado consideró que este detalle era suficiente para deducir que la contratación se debió a dicha conexión.
