El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que el Tribunal Supremo intervenga las comunicaciones mantenidas por seis periodistas, a los que ampara el secreto profesional con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este reclamo de información es incompatible con el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes, recogidos ambos en la Constitución Española.
Para ello, ha presentado un escrito ante dicho órgano judicial pidiendo investigar las conversaciones de un informador de un informador de la Cadena SER, cuatro de eldiario.es y otro de El Plural, cuyas comunicaciones telefónicas con el fiscal son las que su abogado pide intervenir.
García Ortiz está actualmente imputado por la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de González Amador en el que este asumía haber cometido un delito de fraude fiscal, para el que proponía un acuerdo que le evitara entrar en prisión.
El letrado del novio de Ayuso pide en su escrito al juez Ángel Hurtado que oficie a las compañías telefónicas para conservar las comunicaciones de los profesionales mantenidas en los últimos nueve meses con el fiscal general. Además, González Amador reclama otros detalles, como los números de teléfono a los que llamaron los periodistas, las fechas de las llamadas y su tiempo de duración. Los mensajes que escribieron, de quiénes los recibieron y en qué momento centran también la petición de información.
