Es comprensible que a las derechas españolas no les agrade conmemorar la muerte de Franco: preferirían evocarlo vivo. Con él no habría asaltos de africanos a las vallas fronterizas ni incordiarían los indepes, que estarían pudriéndose en la trena. El movimiento obrero sería solo Movimiento (y no mucho) y los/las invertidos/as estarían temblando dentro de sus armarios, no ocupando las calles orgullosos.
Quizá exagero un poco. Puede ser, pero creo que si hoy se plantea este debate es porque algo del franquismo persiste o, en otras palabras, porque la transición no ha terminado y España no disfruta aún de esa democracia social y avanzada que nos pinta la Constitución, por mucho que hayamos avanzado en cuanto a libertades y derechos de todo tipo.
Desde luego, la libertad y la democracia no llegaron con la muerte de Franco, pues ni Arias, ni Fraga, ni el primer Suárez pensaban en ellas, aunque estaban dispuestos a hacer reformas en el sistema del Movimiento. Por cierto, tampoco el rey instaurado estaba en ello, ni el ‘amigo americano’, que, temeroso del contagio de la “revolución de los claveles” portuguesa, hubiera preferido una salida sin el PCE ni sindicatos ‘marxistas’. Fueron la oposición política y la movilización social, muy espoleadas por la crisis económica, las que venían empujando las cosas en otra dirección. La política de reconciliación nacional y de formación de un amplio frente antifranquista empieza en 1956.
Tampoco llegó la democracia con las elecciones de 1977, que solo fueron el primer paso en un terreno de juego bastante acotado por una Ley Electoral favorable al bipartidismo y a la derecha, una monarquía que venía ya de serie y un aparato de estado franquista que perduró, absuelto –sin ser juzgado ni depurado– por la democracia. Ni la Constitución acabó de construir la democracia, aunque solo sea porque el sistema autonómico previsto no se termina hasta 1983, cuando se aprueba el último estatuto, el de Castilla y León, y todavía hoy no se ha resuelto el espinoso asunto de las competencias, como se ve en el vergonzoso caso del reparto de inmigrantes.
Item más. Recuérdese que los ayuntamientos franquistas duraron hasta 1979, que la prensa del Movimiento siguió saliendo hasta los años 80 y que aún hoy lucen letreros franquistas en algunas vías públicas. Y que una Ley de Secretos Oficiales de 1968 aún nos impide o dificulta la consulta de muchos documentos oficiales. Y que después de casi 50 años aún no están vigentes los derechos al trabajo, a la vivienda y otros previstos en la Constitución. (Según el último informe Foessa en España hay casi 9,5 millones de ciudadanos en situación de exclusión social, casi el 20 %, y de ellos 3,4 millones carecen de vivienda o viven en hacinamiento). Y así.
La derecha no acaba de saldar cuentas con el pasado. (La ultraderecha no ha salido de él y a él nos conducirá si gobierna). Es cierto que el 20-N de 2002 el gobierno de Aznar promovió una declaración conjunta en el Congreso condenando la dictadura (sin nombrar a Franco, por cierto). Pero luego el PP ha dado la espalda a otro compromiso que había en esa misma declaración: la reparación a las víctimas de la represión franquista y, lejos de respaldar políticas de memoria democrática, las ridiculiza y bloquea, cuando no colabora con Vox para preservar el simbolismo franquista.
Veremos que dan de sí las conmemoraciones de la muerte de Franco. Ojalá sirvan para que los que no han pasado por esa experiencia sepan lo que es vivir bajo una dictadura por boca de los que tuvimos que padecerla. No sirve el argumento simplista de que hay que mirar futuro. El alzheimer no es bueno para las personas, pero menos aún para las sociedades.
