Por primera vez en la democracia española, un fiscal general declarará por ser investigado en una causal penal. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo (TS), que llama a declarar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tendrá que testificar el próximo día 29. Se le investiga por la supuesta filtración de documentación privada de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que el TS habla de la implicación de más fiscales.
Así, también ha pedido que comparezca la mano derecha de García Ortiz, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe (citado para el 5 de febrero), y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, (30 de enero). “Los tres, de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas”, en concreto, unos datos sobre González Amador que “no deberían haber sido divulgados”, según recoge el auto del TS.
Los tres habrían participado en la difusión de la información por medio de una “operación coordinada”, según el juez quien, además, acusa a la Presidencia del Gobierno de haber realizado “gestiones” que desmbocaron en la publicación de la confesión del empresario en un medio informativo. “Una operación coordinada propia de una labor de equipo”, según el juez.
Por tanto, el TS también considera clave la intervención de la Presidencia del Gobierno, a donde el correo electrónico fue reenviado para, desde allí, ser facilitado al medio El Plural, que lo publicó el pasado 14 de marzo de manera íntegra. “Desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación”, indica el magistrado
Los datos, cuya filtración se investiga desde el pasado octubre, están contenidos en un correo electrónico donde la defensa del novio de Ayuso confirmaba la existencia de dos fraudes fiscales de 350.000 euros por parte del empresario, y le proponía un pacto.
