La sanidad de 1,5 millones de funcionarios sigue en el aire en España, a la espera de que el proceso de licitación desvele qué aseguradora estará al frente de Muface. Adeslas y DKV anunciaron ya que se desvinculaban, al considerar la oferta del Gobierno, que incluye un incremento de la prima del 33,5% para los tres próximos años, “económicamente insostenible”. La opción más viable podría ser Asisa, una de las tres compañías que prestan el servicio, y la única que posee su propia red asistencial.
En concreto, cuenta con 18 hospitales, 38 centros médicos y tiene a la coperativa Lavinia, compuesta por 9.000 médicos, como único accionista. Por el momento, Asisa continúa analizando las condiciones establecidas por el Gobierno.
En el caso de que Muface desapareciera, el principal problema sería su red asistencial. A este respecto, el ‘Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario’ asegura que, poner a este modelo, podría poner en peligro a 21 hospitales privados (siempre y cuando se extinguieran, junto con Muface, como las mutuas de los funcionarios de Justicia, Mugeju, y las Fuerzas Armadas, Isfas, que actualmente se consideran libres de peligro).
Si ninguna de las aseguradoras se hiciera cargo de Muface, la asistencia sanitaria del funcionariado sería responsabilidad de las comunidades autónomas.
