El empresario Alberto González Amador pudo haber cometido presunta “corrupción en los negocios” y presunto “soborno”, lo que se suma a los dos presuntos delitos de fraude fiscal que habría reconocido por valor de 350.000 euros por los que ya se le está investigando. Así lo pone de manifiesto la Fiscalía en un escrito presentado el pasado día 10, donde se hace referencia a la entrega de una “comisión” de medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención por parte del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Ministerio Fiscal hace referencia a unos hechos ocurridos en 2020 y, más concretamente, habla de un pago del que la defensa “no ha dado explicación alguna”. Ese mismo año, González Amador cobró casi dos millones de euros por hacer de intermediario en la venta de mascarillas para la empresa gallega Mape, cuyo director, que había sido nombrado meses antes, es también el máximo responsable de Quirón, Fernando Camino. Según el escrito, Amador adquirió entonces “una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria” y que, además, no tenía trabajadores y facturaba 30.000 euros al año, por lo que ese medio millón de euros pudo haber sido una comisión encubierta, según la Fiscalía.
Entre las novedades que rodean al caso, la Fiscalía sugiere ahora la existencia de implicaciones de tipo político en esta transacción económica con Quirón, que recibe inyecciones de dinero público por valor de cientos de euros por parte de la Comunidad de Madrid. En concreto, el escrito se refiere al empresario como “es notario quién es”, en referencia a su relación con la presidenta madrileña.
Para Ayuso, la situación es un intento, por parte de “los poderes del Estado”, de “destruir” su matrimonio con el empresario, a quien considera un “ciudadano que se está defendiendo”. Así lo ha manifestado este miércoles durante su comparencia ante los medios de comunicación, al término del Consejo de Gobierno.
Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo de modificar la acción popular (la herramienta legal que permite a los ciudadanos presentar demandas judiciales). La limitación que prevé aplicar el Gobierno responde al objetivo del presidente Pedro Sánchez de convertir a España en una “dictadura de corte bolivariano”, según Ayuso.
