«No más mierda”. Estas tres palabras, todo un lema, dieron nombre a la plataforma vecinal constituida hace unos años en Fuentepelayo (Segovia) para denunciar los estragos medioambientales causados por una supuesta planta de compostaje a la que iban a parar toda clase de residuos procedentes no solo de la comarca sino también de explotaciones ganaderas, mataderos y otras industrias contaminantes de otras provincias y comunidades autónomas. Residuos esparcidos por tierras de cultivo que, aparte de contaminar las aguas subterráneas, extendían el hedor varios kilómetros a la redonda.
Los vecinos tuvieron que librar una batalla casi heroica contra el propietario de la planta, amparado por la manga ancha -cuando no descarada connivencia- de las autoridades competentes, en especial, como no, de las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Sanidad de la Junta de Castilla y León.
A escasos kilómetros de Fuentepelayo, los vecinos de Pinarejos, en plena Tierra de Pinares, se echaron el pasado domingo a la calle en contra de una planta de biometano proyectada en el municipio. Una instalación ubicada a poco mas de un kilómetro del casco urbano y que se abastecerá de residuos procedentes a saber de que macrogranjas y de donde, ya que en la comarca no se producen purines suficientes para alimentar una planta de esas características. Lo que significa que Pinarejos va a ser el destino de toneladas de mierda «importadas», ajenas a las generadas en la zona. .
El mencionado no es más que uno de los muchos proyectos que, so pretexto del tratamiento de residuos, la “descarbonización” y la economía circular, están proliferando como las setas en Castilla y León. Ello al abrigo de la impropiamente llamada consejería de Medio Ambiente, que, lejos de proteger nuestros valores naturales y medioambientales, de continuo se ha dedicado mayormente a lo contrario. A tenor de la línea que ha seguido desde su creación (dejo únicamente al margen sus inicios con el centrista José Luis Sagredo al frente), en la práctica ha sido siempre la consejería contra el Medio Ambiente.
Desde que se hizo cargo de ella Francisco Jambrina a la actualidad, la cantidad de tropelías perpetradas y varapalos judiciales recibidos por esta consejería ha batido todos los récords. El texto de las sentencias contrarias, varias de ellas del mismísimo Tribunal Constitucional, daría, ordenado en folios A-4, para empapelar el trayecto entre Agreda y Villafranca del Bierzo. Desde la que fuera vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruíz, a Juan Carlos Suárez Quiñones, pasando por Carlos Fernández Carriedo y Antonio Silván, todos sus titulares se han hecho acreedores, algunos por partida doble, al premio “Atila” que otorga anualmente Ecologistas en Acción.
En una jornada organizada el pasado octubre por “El Mundo-Diario de Castilla y León”, el actual consejero se vanaglorió de que estuvieran en marcha en nuestra comunidad autónoma más de 60 proyectos de producción de biometano con una inversión global superior a los 1.000 millones de euros. Son muchas las empresas que se han apuntado al negocio, entre ellas, con seis proyectos en Castilla y León, ENCE, la titular de la macroplanta de celulosa ubicada en la ría de Pontevedra, cuyas argucias para captar voluntades (políticas, sindicales, cofradías de pescadores y lo que haga falta) son sobradamente conocidas en Galicia. Su conflictiva planta celulosa (la empresa la llama “biofactoria») funciona gracias a una prórroga concedida por el gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2016, momento en el que el Ejecutivo se encontraba en funciones, decisión que le costó al ex presidente del Gobierno ser declarado por el ayuntamiento de Pontevedra “persona non grata”. Imagínense que diría el PP si Pedro Sánchez perpetrara una cacicada de tamaño calibre ejerciendo la presidencia en funciones.
La consejería de Medio Ambiente, que nunca se opuso a proyectos tan destructivos para el medio natural y peligrosos para la salud como los del “fracking” (abandonados luego por sus promotores por falta de rentabilidad) o la gigantesca mina de uranio a cielo abierto de Retortillo (afortunadamente paralizada por el Consejo de Seguridad Nuclear y la Justicia), anda ahora volcada en el binomio-momio que constituyen las macrogranjas y el biometano.
Y al frente de las operaciones, el director general de Sostenibilidad Ambiental, Juan ManuelJiménez Blázquez, incombustible alto cargo de la consejería nada menos que desde 2003 (jubilado Luis Alberto Solís, el sempiterno director general de Carreteras, Jiménez Blázquez es el alto cargo de mayor antigüedad en la Junta). Nombrado por María Jesús Ruíz, que le encomendó la despilfarradora Ciudad del Medio Ambiente de Soria (declarada después inconstitucional por el Alto Tribunal) ha sobrevivido también a Fernández Carriedo, Antonio Silván y Suárez Quiñones. Y además de ser director general de la consejería (con Ruiz llegó a viceconsejero), desde 2011 es el consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), empresa desde la que se impulsan todos estos proyectos “bioenergéticos», así como las “redes de calor” desplegadas en distintas provincias y sobre cuya gestación, gestión y adjudicación habrá que detenerse con detalle en otra ocasión.
De momento, un ruego al gobierno de “Fonsi” Fernández Mañueco: Ya que la Junta no se distingue por evitar la degradación de nuestro medio natural, hagan el favor de no promover más mierda de la que ya generamos nosotros y nuestros gorrinos en Castilla y León.
