El Gobierno modificará el acceso a la carrera judicial y fiscal, para lo que establecerá un sistema de becas para opositores y dispondrá el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), de carácter público, para la preparación de estas oposiciones. Así lo recoge el anteproyecto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, desde donde pasará a los órganos consultivos y, después al Parlamento, antes de su entrada en vigor.
El modelo de examen de las oposiciones del turno libre, compuesto hasta ahora en un test y dos ejercicios orales, cambiará. La prueba oral se eliminará y se añadirá una escrita, anónima, en la que el aspirante deberá desarrollar un caso práctico, con el objetivo de evaluar capacidades “más allá de las puramente memorísticas”.
Otra de las novedades previstas para sistema judicial se basará en publicar un registro público de preparadores, que deberán solicitar autorización para ejercer esta actividad. También se crearán convocatorias anuales de plazas del cuarto turno, que permite acceder a la carrera judicial sin necesidad de oposición, a través de méritos y experiencia.
En cuanto a las modificaciones en el sistema de becas, estas están pensadas para facilitar el acceso de estudiantes con vocación, para lo que el Gobierno recupera el proyecto que lanzó en 2022, aunque garantizando que las cantidades concecidas no sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Estas ayudas, destinadas a quienes quieran trabajar como jueces, fiscales y abogados en el seno del sistema judicial público, serán anuales y prorrogables hasta cuatro años.
Las propuestas tienen como objetivo fomentar la “excelencia” y la “pluralidad”, y será “un paso de gigante en la modernización de la Justicia” española, según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
