El Pacto Social de las Familias de Castilla y León, firmado este martes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y representantes de 45 entidades del Tercer Sector, busca avanzar en una sociedad más justa, inclusiva y solidaria y no dejar “a nadie atrás”, con medidas en materia de educación, empleo, vivienda y servicios sociales.
Ical.- Tras la firma, fruto del diálogo y colaboración entre la Junta y las asociaciones del Tercer Sector, Fernández Mañueco y Óscar Castro, presidente de EAPN Castilla y León, que habló en nombre de las entidades sociales, afirmaron que este pacto es un paso más y brinda la oportunidad de proteger a las personas más vulnerables y ayudar a familias en situaciones de crisis sobrevenidas.
Este pacto fue uno de los ofrecidos por Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso en el pasado debate del estado de la Comunidad celebrado los días 26 y 27 de junio en las Cortes de Castilla y León, junto a otro relativo a Conciliación, por lo que el presidente manifestó que cumple con sus compromisos, informa Ical.
Óscar Castro explicó la oportunidad de este pacto ante el aumento de las desigualdades debido a secuelas de la pandemia, la perdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación, el cambio climático y la dificultad de acceso a la vivienda, lo que subrayó que incide de manera más especial en las personas vulnerables.
El pacto recoge 56 medidas, entre ellas el presidente de la Junta destacó que se trabaja en un nuevo modelo de renta garantizada de ciudadanía para vincular la ayuda a la búsqueda activa de empleo y a la escolarización de los menores para evitar el absentismo escolar. También, indicó que se tramitará una nueva petición al Gobierno de España para que transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Fernández Mañueco avanzó que se implantará este año la denominada ‘Historia Social Única’, un elemento clave para que el sistema de protección social de Castilla y León sea aún más eficaz. Además, señaló que se va a profundizar en una mayor cooperación territorial y en la integración de todos los actores tanto en el diseño como en los programas en el ámbito social.
“Es un ejemplo de como convertir la necesidad en acción”, resumió el portavoz del Tercer Sector este pacto, después de recordar que el 22,4 por ciento de la población está en riesgo de pobreza en la Comunidad, el 6,4 en pobreza material severa, que se eleva al 16,5 por ciento en el mundo rural, aunque reconoció que el dato es inferior a la media nacional, afirmó que “queda mucho por hacer”.
También, puso en valor el trabajo de las entidades, a quienes calificó como “el corazón” del tercer sector, por velar por los derechos y la dignidad de los más vulnerables, si bien entendió que se tienen que mejorar las condiciones de trabajo de quienes atienden los servicios sociales.
Igualmente, subrayó que “los discursos de odio refuerzan los estigmas” hacia estas personas y subrayó el problema del acceso a la vivienda como “un reto” para la igualdad de oportunidades, a la vez que consideró que el contexto de crisis “ha puesto a prueba” los sistemas de atención social.
Por su parte, el presidente de la Junta afirmó que este pacto es fruto de la voluntad de diálogo entre las partes, indicó que es un punto de inicio y arranque, calificó de “aliados” de la Junta a las entidades del Tercer Sector por conocer las necesidades de las personas. “Estamos a vuestro lado, siempre os hemos apoyado para que nadie quede atrás”, aseveró.
También, recordó que cumple un compromiso que asumió para mejorar la vida de las personas, afirmó que se blinda la protección a las personas vulnerables y se apoya a familias que puedan atravesar crisis coyunturales.
Medidas
El pacto recoge tanto el acceso a una vivienda como la garantía de que ésta disponga de las condiciones adecuadas de habitabilidad. Para lograr estos objetivos, en primer lugar, se impulsarán ayudas al alquiler dirigidas a todas las personas cuyos ingresos anuales estén comprendidos entre 0,5 y 3 veces el IPREM -Indicador público de renta de efectos múltiples- y se otorgarán con un criterio progresivo, para que aquellas familias con rentas más bajas puedan recibir mayor porcentaje de ayudas.
Además, se van a incrementar las plazas para el alojamiento de personas vulnerables, se agilizará el pago del bono social térmico y se facilitará la adaptación de viviendas para las personas de movilidad reducida.
Las actuaciones en materia de vivienda tendrán una perspectiva rural, a través de la promoción y rehabilitación de vivienda pública en los municipios, principalmente destinada a jóvenes, así como mediante la bonificación del alquiler.
Por otro lado, este pacto supone la consolidación de la educación gratuita de 0 a 3 años, así como becas, ayudas y apoyos a estudiantes, la garantía de la gratuidad total de los servicios de comedor o madrugadores y de los libros de texto, y actuaciones contra el absentismo escolar impulsando para ello, el refuerzo educativo.
En materia de empleo, la Junta aumentará los itinerarios de inserción para encontrar un empleo y la coordinación entre los servicios educativos, sociales, de empleo, Tercer Sector y empresas, con el objetivo de mejorar la eficacia de la integración laboral. El acceso al mercado laboral es un elemento fundamental y, por ello, la Junta apuesta de manera decidida por las políticas activas de empleo, en empresas tanto de trabajo ordinario como de inserción.
Además, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia.
Junto al presidente de la Junta, estuvieron en la firma la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; las consejeras de Educación, Rocío Lucas, y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. También, acudieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.
