Existen pruebas exculpatorias en el marco de la investigación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero están ocultas. Así lo asegura la Abogacía del Estado, que acusa al juez del Tribunal Supremo (TS), responsable de esta causa judicial, de omitir dichas pruebas y de justificar “algunas de las imputaciones” a través de “meras opiniones”. Los abogados de la Administración han presentado un recurso de reforma que rechaza la petición del magistrado de citar a García Ortiz y a otros dos fiscales, al tiempo que piden la comparecencia de la pareja de la presidenta Isabel Ayuso.
Pedir que los fiscales declaren ante el Tribunal Supremo está injustificado, según la Abogacía del Estado, dado que no existen “sospechas fundadas” que los identifiquen como “posibles autores” del delito de revelación de secretos. En cuanto a los emails que intercambiaron con el abogado del empresario y novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, aseguran que estos mensajes “no forman parte de las diligencias de investigación preprocesal”
Tampoco consideran que la información contenida en ellos merezca “la protección penal que dispensa el artículo 417 del Código Penal” en lo que se refiere a declaración de secretos. De igual modo, defienden la actuación de los fiscales en relación a los hechos, al considerar que quedan “amparados en las funciones y competencias propias del Ministerio Fiscal”, como dar cuenta sobre los hechos a sus superiores e informar a la sociedad para “evitar la extensión de noticias inveraces”,
Los fiscales tienen fijadas varias citas para declarar, en concreto, 29, 30 y 5 de febrero, fechas que el cuerpo de letrados del Estado pide retrasar, al tiempo que solicita al juez que realice diligencias previas “con carácter prioritario”. Así, piden al magistrado que cite a declarar a González Amador, algo que consideran “necesario” para que la investigación avance.
La Abogacía del Estado considera también imprescindible la comparecencia de los cinco periodistas vinculados a los hechos y la citación de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que faciliten las conclusiones del registro llevado a cabo en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el que se incautaron de información.
