El fiscal general de Estado continuará siendo Álvaro García Ortiz. Así lo ha decidido este martes el Tribunal Supremo (TS) que, por unanimidad, ha rechazado anular su nombramiento, tal y como pedía el recurso interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) que, por tanto, ha quedado desestimado.
De este modo, la Sección Cuarta del TS apoya la decisión del Gobierno de mantener a García Ortiz en el cargo, tal y como se acordó en diciembre de 2023, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hubiera manifestado que no se trataba de alguien “idóneo” para encabezar el Ministerio Fiscal.
El recién ratificado fiscal general deberá declarar este miércoles como imputado ante el TS, en el marco de la investigación sobre su presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En la causa que investiga al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, la Abogacía del Estado asegura que hay pruebas que exculpan a García Ortiz.
En su recurso, la Apif pedía anular su nombramiento basándose en varias circunstancias a las que, al mismo tiempo, se ha referido como sin “fuerza suficiente” para, de manera individual, conllevar “un incumplimiento grave o reiterado de funciones”. De entre ellas, el TS ha descartado el “favorecimiento de afiliados de la UPF en los nombramientos discrecionales” y su posición sobre la causa del Tsunami Democràtic o a cerca de “la ley del ‘sí es sí’”.
Así, la decisión judicial de este martes supone que “ninguno” de los hechos referidos por los demandantes, ni “considerado en sí mismo, ni el conjunto de todos ellos”, supone “el incumplimiento grave y reiterado por el señor García Ortiz, durante su primer mandato como fiscal general del Estado, de sus funciones constitucionales”, como recoge por escrito el TS.
