El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no filtró información privada perteneciente a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha expuesto este miércoles ante el Tribunal Supremo (TS), donde ha declarado como investigado por un presunto delito de revelación de secretos sobre el empresario, al haber dado supuesta difusión a un correo electrónico que hacía referencia a delitos fiscales por los que el novio de Ayuso está siendo investigado.
Además, el fiscal, que ha asegurado haber cambiado seis veces de móvil en los últimos años, borra el contenido sus terminales con asiduidad por motivos de seguridad, pues incluso es su obligación legal, al contener información delicada, según ha detallado.
Asimismo, ha negado haber hecho llegar correos de González Amador o su expediente tributario a ninguna persona, tanto dentro como fuera de la Fiscalía, o haber dado indicaciones para que alguien lo hiciera. Al mismo tiempo, ha negado tener constancia sobre que la filtración se realizara desde la Fiscalía General o la Provincial de Madrid, así como de que estos órganos hayan pretendido perjudicar a González Amador por su vinculación con la presidenta madrileña.
Durante su declaración, el jefe del Ministerio Público ha contestado solo a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía, pero no a las formuladas por el letrado que defiende al novio de Ayuso, al que atribuye la omisión de información importante para la investigación en la querella que este presentó al TS.
En este sentido, se ha referido a que el propio letrado hizo llegar al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el correo electrónico que centra ahora la investigación, fechado el pasado 2 de febrero, y donde el abogado defensor del empresario le reconocía delitos dos delitos de carácter tributario.
Esta ha sido la primera vez en la historia de España en la que un fiscal general ha declarado como investigado en una causa judicial. González Amador ha entrado y salido del TS por la puerta principal.
Álvaro García Ortiz también ha cuestionado la investigación del instructor, Ángel Hurtado, que considera nula porque vulnera su derecho de defensa. Considera que la base de la causa está en el allanamiento de su despacho oficial y del de la jefa de Madrid. Una diligencia, ha dicho, que invade derechos fundamentales y contra la que se presentó recurso de apelación que aún no ha sido resuelto.
Por este motivo, porque no conoce todo el contenido de la investigación, no ha querido responder a las preguntas del juez. Según el investigado, no puede ejercer con garantías su derecho de defensa porque no está definido el objeto del proceso y porque se han denegado las diligencias de prueba que ha pedido. “Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad”, ha subrayado, según informa la SER.
