La “proliferación descontrolada” de pisos y apartamentos turísticos en Salamanca tiene un “impacto negativo” en “la calidad de vida de los residentes, la convivencia vecinal y la identidad de los barrios”. Así lo denuncian la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa) y la Federación de Barrios Antiguos de Salamanca (Fauba), que han mantenido una reunión de trabajo para analizar la situación.
El aumento de este tipo de negocios lleva consigo un aumento en los precios del alquiler de viviendas, genera gentrificación, “molestias y ruidos”, supone la “pérdida de identidad de los barrios” y da lugar a “problemas de seguridad”, según concluyen las agrupaciones vecinales tras su encuentro. Por ello, Fevesa y Fauba exigirán de manera conjunta al Ayuntamiento que adopte “medidas urgentes y contundentes que permitan regular la actividad de los pisos turísticos y proteger los derechos de los vecinos”.
En cuanto al aumento de los precios del alquiler, la conversión de viviendas convencionales en pisos turísticos “está reduciendo la oferta de alquiler residencial, lo que provoca un incremento de precios y dificulta el acceso a la vivienda para los vecinos”, según explican.
Asimismo, aseguran la actividad de este tipo de alojamientos “genera molestias y ruidos nocturnos que perturban el descanso de los residentes y deterioran la convivencia”.
De igual modo, hablan de “pérdida de identidad de los barrios” debido a “la llegada masiva de turistas y la transformación de viviendas en pisos turísticos”, lo que “despersonaliza los barrios, altera el comercio de proximidad y erosiona el tejido social”, explican desde los colectivos vecinales.
Fevesa y Fauba reivindican “un modelo de turismo sostenible y respetuoso con la ciudad” y, para lograrlo, tienen sus propias propuestas. “Se debe apostar por un modelo de turismo que respete los derechos de los residentes, contribuya al desarrollo económico y social de la ciudad y preserve la identidad y el patrimonio de los barrios”, señalan.
Entre sus planteamientos se incluye establecer una normativa “clara y restrictiva”, que regule la actividad a través de “una ordenanza municipal que establezca límites al número de viviendas destinadas a este fin, así como requisitos y condiciones para su funcionamiento”. Recientemente, el Ayuntamiento ha elaborado una ordenanza con la que los dueños de este tipo de negocios mostraron su desacuerdo a principios de año, e incluso anunciaron que la recurrirían.
Piden también incrementar los controles y las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales.
Ambas federaciones se ofrecen para “asesorar y ayudar a todas las comunidades de propietarios o vecinos” que requieran asesoramiento en relación con los pisos y apartamentos turísticos de su zona.
