El fiscal general denuncia la difusión de sus datos personales

Los informes de la UCO sobre las comunicaciones de Álvaro García Ortiz facilitados al Supremo contienen su teléfono y su dirección

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y su predecesora, Dolores Delgado, han denunciado este martes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la filtración de sus datos personales en la causa del Tribunal Supremo (TS) en la que Ortiz está imputado, a través de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la investigación. En concreto, los documentos contienen los números de teléfono de ambos, así como el domicilio particular del fiscal en Galicia, según informa elDiario.es

La dirección de supervisión y control de protección de datos del órgano de gobierno de los jueces analizará las quejas, que ambos fiscales hicieron llegar por escrito a la Sala de lo Penal del TS, ya que consideran que los hechos comprometen su seguridad personal.

Los informes contienen una relación de las comunicaciones telefónicas del fiscal, tal y como el juez Ángel Hurtado había solicitado a la UCO, e incluye, además, su dirección postal y los números de varios cargos de la Fiscalía con los que tuvo contacto telefónico en marzo de 2024. Entre los números privados está el de Delgado que, en su denuncia, asegura haber recibido llamadas de números desconocidos desde entonces.

Los documentos han sido puestos a disposición de las partes pese a contener estas informaciones personales. En otras ocasiones, García Ortiz ha presentado quejas por la difusión de datos similares en los informes de la UCO, aunque el juez instructor las ha desestimado siempre.

El Supremo investiga al fiscal general y a su equipo más cercado desde el pasado octubre para determinar si filtraron en marzo del año pasado un e-mail del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con información privada de este. En concreto, el correo confirmaba que Amador es responsable de un delito fiscal por valor de 350.000 euros, ante el que el letrado planteaba un acuerdo que le librara de entrar en prisión. Por ello, la UCO investiga las comunicaciones que García Ortiz mantuvo esos días (llamadas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos).

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