La Junta de Castilla y León advirtió este jueves al Gobierno que su intención de abrir un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI), con una capacidad para casi 450 personas, en la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún es “inviable” con la norma actual y se tiene que cumplir una serie de requisitos y la autorización autonómica.
La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, afeó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo central, en este caso el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no haya informado ni tengan conocimiento oficial y se hayan enterado por los medios de comunicación. “Ya estamos acostumbrados a las imposiciones”, apostilló.
Blanco apeló a la orden de su departamento, publicada el pasado 7 de noviembre en el Bocyl, por la que se establecen los requisitos mínimos y específicos de autorización de los centros para personas en situación de vulnerabilidad para subrayar que se deben cumplir unos requisitos.
Con esa normativa se limita la capacidad de las plazas a 120 personas por centro, por lo que consideró “inviable” que se pueda abrir un centro de esas características con más de 400 plazas en el edificio de la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún, en Salamanca, informa Ical.
“En Castilla y León se atiende a las personas vulnerables con dignidad y calidad”, asentó Blanco, para manifestar que es lo que se pretende en la orden dictada por su departamento, a la vez que recalcó que esta es una tierra solidaria con los inmigrantes, como se desprende de los que se acogen en la Comunidad.
Igualmente, subrayó que los municipios en los que se pueda instalar un centro para personas vulnerables tiene que contar con un CEA para facilitar la integración y un centro de salud, lo que manifestó que ayer se comunicó en una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Es por ello que insistió en que se deben cumplir unos requisitos y en censuras que se puedan adoptar las medidas por parte del Gobierno desde “la imposición” y sin negociar con quien tiene las competencias, si bien indicó que no se ha producido ninguna solicitud con cargo a esa orden.
