El topillo | La fosa séptica del mausoleo (I)

Otra vez la escena del capitán Renault en “Casablanca” ordenando cerrar el café de Rick ante la atónita mirada de éste: “¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega”. 

La evoqué el pasado año ante el estupor que muchos simularon al conocerse que el exportavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, había complementado su retribución oficial de 100.000 euros anuales como procurador “con dedicación exclusiva” con otros 40.000 euros percibidos como abogado en ejercicio. De paso, se descubrió que, después de 40 años de existencia (están en su XI Legislatura), las actuales Cortes de Castilla y León son el único de los 17 Parlamentos Autonómicos que no tiene regulado ningún régimen de incompatibilidades, lo que permite a las 81 señorías que lo integran compatibilizar su función legislativa y de control parlamentario con cualquier otra actividad privada o pública remunerada. Efectivamente, un escándalo, pero un escándalo conocido por todos sin que nadie haya movido un dedo para denunciarlo.

Recientemente ha vuelto a suceder lo mismo y por partida doble. La expulsión de dos procuradores de Vox, el salmantino Javier Teira, y la burgalesa, Ana Rosa Hernando, ha destapado que, al margen de las dietas y kilometraje percibidas por su asistencia a los plenos y comisiones, los parlamentarios de la ultraderecha no liberados por cuenta de la Cámara (cinco de ellos cobran por su supuesta “dedicación exclusiva” entre 95.000 y cien mil euros anuales), vienen percibiendo una asignación fija de 2.025 euros mensuales con cargo a la subvención oficial recibida por este grupo parlamentario para cubrir sus gastos de funcionamiento. 

Y paralelamente a lo anterior, se ha aireado que la flotilla de coches oficiales de las Cortes, una partida de BMWs adquirida durante la anterior Legislatura, está a disposición de los miembros de la Mesa de la Cámara para lo que gusten, que en determinados casos es para desplazamientos ajenos a su función parlamentaria, ya sea para asistir a actos o reuniones de partido, ya sea para asuntos absolutamente personales.

Ambas cuestiones -la de los estipendios con cargo a las subvenciones de los grupos- y el uso particular de los coches oficiales- eran de dominio público desde el siglo pasado. Lo que ha hecho y defiende Vox de asignar un fijo mensual a sus procuradores no liberados lo vienen haciendo el PP y el PSOE desde hace varias legislaturas. En febrero de 2013, en pleno “herrerato”, el Topilo informó de que los procuradores del PP (y en este caso eran todos, incluidos los liberados oficiales por cuenta de la Cámara y el presidente y consejeros de la Junta con escaño parlamentario) percibían un fijo de 18.000 euros anuales (1.500 mensuales) con cargo a la subvención del grupo. 

Se pudo constatar fehacientemente cuando varios de esos procuradores o procuradoras dieron el salto al Senado e hicieron constar dicha remuneración en la declaración de bienes y actividades que cumplimentaron en la Cámara Alta (recuerdo que fue el caso, entre otros, de la que fuera vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, de la que fue vicepresidenta de las Cortes, Carmen Luis Heras, y de la que todavía siendo senadora Paloma Sanz Jerónimo, actual presidenta provincial del PP de Segovia). 

Es más, en la única ocasión en la que, forzado por las circunstancias, el entonces presidente de la Junta permitió que se conociera su declaración de IRPF depositada en las Cortes, se pudo comprobar que su retribución oficial se veía complementada por el estipendio abonado por el grupo popular a todos sus miembros, que llegaron a ser 53.

Con el tiempo, y ante la reducción del importe de la subvención a causa de la pérdida de escaños, el grupo popular restringió la asignación exclusivamente a los procuradores no liberados. Eso sí, paralelamente, el presidente y los consejeros de la Junta con escaño de procurador nunca, ni en los peores años de la crisis iniciada en 2008, renunciaron a cobrar las dietas por su asistencia a los plenos de las Cortes, ingresos que siguen percibiendo Fernández Mañueco y los cuatro consejeros de su gobierno que ostentan en la actualidad la condición de procuradores, a saber, Isabel Blanco, Carlos Fernández Carriedo, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Alejandro Vázquez.

Dado que las subvenciones de los grupos parlamentarios no están fiscalizadas por nadie y no se existe obligación de justificar el gasto, los receptores pueden hacer -y algunos han hecho y siguen haciendo- mangas y capirotes, como ilustraré con ejemplos más adelante. Y menos mal que esas asignaciones fijas a los procuradores no liberados actualmente son objeto de retención por IRPF y no se abonan en negro en sobres entregados en mano, como tiempo atrás sucedió.

El grupo socialista también estableció años atrás un fijo mensual para sus procuradores, eso sí, restringido a los procuradores no liberados y con dos niveles salariales, uno ligeramente superior a los mil euros mensuales y otro por debajo de los 900. Cuando recientemente le han preguntado al nuevo secretario autonómico del PSOE sobre este particular, Carlos Martínez se ha ido por las ramas sin contestar la pregunta.

Lo primero que hizo la Mesa de las Cortes constituida tras las elecciones autonómicas de 2019, las que dieron lugar a la coalición de gobierno PP-Ciudadanos, fue incrementar espectacularmente la cuantía de las subvenciones teóricamente destinadas al funcionamiento de los grupos parlamentarios (más adelante comentaremos el uso de estos fondos para asuntos impropios y a veces inconfesables). En virtud de aquel acuerdo de 2019, que además contemplaba otro incremento posterior, los cinco grupos se han repartido en 2024 un total de 3.717.048 euros. El grupo popular ha dispuesto de 1.396. 200 (116.350 mensuales), el grupo socialista de 1.264.400 (105.370/mes), Vox de 650.640 (50.470 x 12), y UPL/Soria¡Ya! de 298.220 (24.850/mes) y el Mixto (3 procuradores) de 152.568 (12.714 mensuales).

En la próxima entrega abundaremos sobre la utilización espuria de estas subvenciones, el capítulo de los coches oficiales y la impresentable opacidad que ampara esta auténtica fosa séptica en la que se ha convertido el mausoleo de Villa del Prado.