Intranquilidad entre los familiares de los ancianos de la residencia de Boada

Los familiares de los residentes de la residencia de Boada están preocupados por sus allegados. De un tiempo a esta parte, han notado irregularidades relacionadas con cobros duplicados, modificación de testamento o cuantas bancarias que no son las que figuran en los contratos.

Por todo ello, los familiares de los residentes de la Residencia de Boada muestran su profunda preocupación “ante las graves irregularidades que venimos constatando en la gestión de la empresa que lleva la residencia,”, expresan.

Los familiares se han reunido y han compartido experiencias y han detectado “un patrón sistemático de prácticas irregulares que afectan directamente a nuestros familiares, en muchos casos personas mayores en situación de vulnerabilidad”, explican los familiares.

Entre las anomalías, han detectado que en los contratos de la residencia se incluye una cláusula que permite a los residentes modificar su testamento en favor de otras personas sin que se nos notifique como familiares. “Nos preocupa profundamente que esta disposición pueda facilitar manipulaciones sobre el patrimonio de nuestros seres queridos, especialmente cuando algunos de ellos pueden no estar en condiciones de tomar decisiones plenamente conscientes”, informan.

Otra de las anormalidades está en los cobros duplicados y facturación irregular. “Hemos detectado múltiples casos de cobros indebidos por duplicado en las mensualidades de los residentes. Algunos de estos casos han supuesto hasta 6.000 euros en pagos duplicados durante la pandemia. En otro caso, un residente llegó a pagar siete mensualidades de más antes de que su familia descubriera la irregularidad. Cuando hemos solicitado explicaciones, la empresa ha justificado estos cobros como ‘errores administrativos’, pero la repetición de estos casos nos hace sospechar que puede tratarse de una práctica sostenida en el tiempo”, apuntan.

Ante la actual crisis en la residencia, la Gerencia de Asuntos Sociales indicó que no abonáramos la mensualidad de febrero como medida de presión ante la gestión de la empresa.

Sin embargo, el 2 de febrero, supuestamente la empresa creó un grupo de WhatsApp con los familiares, sin previo aviso, exigiendo el pago inmediato de las mensualidades y advirtiendo de que ya habían sido reclamadas judicialmente con recargos por intereses.

“El 10 de febrero, muchos de nosotros recibimos mensajes desde un número desconocido, sin presentación alguna, requiriéndonos el pago de la mensualidad más intereses a una cuenta bancaria que no figuraba en los contratos ni había sido comunicada previamente, generando aún más incertidumbre sobre la transparencia de la gestión económica de la residencia”, concluyen.