Superado el momento de inquietud que han vivido los mutualistas de Muface ante el fin del anterior concierto sanitario, y una vez firmado el nuevo concierto por el Ministerio de Presidencia y las aseguradoras SegurCaixa, Adeslas y Asisa, que ha devuelto la tranquilidad a los funcionarios afiliados a dicha mutualidad, es el momento de analizar lo sucedido y valorar la actitud a adoptar para cuando el nuevo convenio finalice antes de tres años. Hay tiempo suficiente para analizar lo sucedido y corregir los errores cometidos en una negociación contra reloj.
Según los datos disponibles hasta octubre de 2024, Muface cuenta con aproximadamente 1,5 millones de mutualistas. De estos, 1.007.322 (67,3%) han optado por recibir asistencia sanitaria a través de aseguradoras privadas, mientras que 488.000 (32,7%) han elegido ser atendidos por el Sanidad Pública. Es importante destacar que en los últimos 12 años ha habido un incremento del 75% en el número de mutualistas que eligen la sanidad pública, pasando de 277.500 en 2012 a 488.000 en 2024. Además, se observa una tendencia creciente de nuevos mutualistas que prefieren la sanidad pública. Según datos del Gobierno, el 72% de los nuevos mutualistas optan por el sistema público debido a la pérdida de cobertura en el sistema privado.
Antes de exponer mi opinión vayan por delante dos consideraciones, una sobre un posible conflicto de interés: desde el primer momento que fui dado de alta en Muface opté por la Sanidad Pública y ello por dos motivos: ser claro defensor de la sanidad pública y haber conocido de cerca como médico la situación de mutualistas asegurados en estas compañías cuando dejaban de ser rentables para las mismas, es decir: personas de edad avanzada, personas con enfermedades agudas importantes muy costosas y enfermos crónicos, a quienes se invitaba, e incluso presionaba, a “pasarse a la sanidad pública”, porque ya no eran rentables para las compañías privadas (aunque obviamente este razón se les ocultaba).
Es evidente que las compañías privadas que intervienen en el sector sanitario operan como el resto de las empresas de otras áreas de la actividad económica, su objetivo fundamental es ganar dinero y por ello aplican una selección rigurosa coste/beneficio destinado a aumentar los ingresos y disminuir los gastos maximizando su rentabilidad. Son las leyes del mercado y la salud de la población no forma parte de dichas leyes.
Para poner fin al conflicto y tranquilizar a sindicatos de funcionarios y mutualistas el Gobierno ha acordado con las aseguradoras privadas un incremento del 41,2% en las primas del nuevo concierto de Muface para el periodo 2025-2027. Este aumento eleva el presupuesto total del contrato a 4.808,5 millones de euros, lo que supone 1.276,5 millones de euros más que el concierto vigente.
Con esta estructura, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 euros en 2027. Este aumento tiene como objetivo “garantizar la sostenibilidad del modelo y asegurar la calidad de la asistencia sanitaria para los mutualistas de Muface”.
El conflicto se ha vivido como una extorsión de las aseguradoras privadas al Gobierno de España, en cuyo seno se han enfrentado dos posturas, la defendida por el Ministerio de la Presidencia, partidario de firmar el acuerdo para evitarse un conflicto con los sindicatos, especialmente CSIF, aun sabiendo que estaba siendo sometido a un chantaje y el Ministerio de Sanidad partidario de integrar a los mutualistas en la Sanidad Pública.
Mucho me temo que, una vez garantizados los ingresos vía convenio, el funcionamiento por parte de las aseguradoras seguirá siendo el mismo, tratar de quitarse de encima a los asegurados de riesgo que le suponen mayores gastos. El Ministerio de la Presidencia debería ser especialmente riguroso en la vigilancia y penalización de este tipo de actitudes corporativas y sancionarlas rigurosamente.
Por otra parte, hay tiempo suficiente para evaluar el impacto económico y sanitario que supondría la absorción por la sanidad pública de todos los mutualistas en 2028, única solución que garantiza la calidad asistencial igualitaria para todos los españoles. La inyección económica que supondría la nueva actualización del convenio en 2028 debería ser realizada en la Sanidad Pública para mejorar las prestaciones de los funcionarios y del resto de los ciudadanos. Una inyección superior a los cinco mil millones de euros que permitiría garantizar la asistencia sanitaria.
Este es un debate que debe abordarse ya entre el Ministerio de Presidencia y el Ministerio de Sanidad, que deberá necesariamente negociarse después con los sindicatos, que bien harían en pensar muy bien su actitud para no hacer el juego a quienes ponen por delante las ganancias económicas a la salud de sus afiliados.
Recuerden, las aseguradoras privadas quieren su dinero, la sanidad pública quiere su salud.
Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel
1 comentario en «Muface ¿asistencia pública o privada?»
Me satisface comprobar que una opinión autorizada viene a confirmar lo que siempre he defendido sobre el modelo MUFACE (y otras mutualidades afines). Hay que acabar con los privilegios y las discriminaciones, y la alternativa más sensata no es pasar a todos los usuarios de la Sanidad Pública al Sistema MUFACE.