Miles de castellanos y leoneses (5.000 según fuentes de la Policía Municipal) recorrieron este sábado las calles de la ciudad de Valladolid, en una manifestación convocada por CCOO y UGT y respaldada por más de quince plataformas, en defensa de la sanidad pública en la Comunidad. A la marcha se sumaron también partidos políticos como PSOE, Podemos, IU y Sumar.
ICAL. Una gran pancarta con el lema ‘Defendamos nuestra sanidad pública. Defendamos nuestros derechos’ abrió la manifestación, que contó con la presencia de plataformas locales de las distintas provincias para reivindicar y dar visibilidad a problemas sanitarios en sus territorios. Partieron de la Plaza de Colón para continuar por calle Gamazo, Plaza España, Miguel Íscar y Paseo Zorrilla, para desembocar ante la sede de la Consejería de Sanidad.
‘La sanidad pública no se vende, se defiende’, ‘Somos pacientes, no clientes’ fueron algunas de las consignas que se escucharon durante el recorrido, con banderas de todas las provincias y del Bierzo, así como con mensajes locales y más autonómicos, siempre en defensa de la sanidad pública.
Así, al inicio de la protesta intervinieron los dos líderes de ambos sindicatos convocantes. En primer lugar, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, quien confió en que esta protesta “provoque un cambio en la gestión pública de Castilla y León”, en un “verdadero acto de Comunidad, porque la sociedad no se conforma con la sanidad pública actual”. “Estamos viendo como las listas de espera son interminables. No se puede jugar con la salud de los ciudadanos y cualquier retraso en una prueba diagnóstica pone en riesgo su salud”, comentó, para advertir de la Atención Primaria en el medio rural, con “consultorios abandonados”.
Igualmente, apostó por “resolver las carencias con diálogo y escuchar y apostar por la sanidad pública, en detrimento de la privada, que poco a poco va ganando terreno y negocio”.
Por su parte, su homólogo de CCOO, Vicente Andrés, se refirió a las “amenazas graves” que pueden poner en riesgo la sanidad pública y mencionó las “interminables” listas de espera, porque la gente “cuando tarda mucho en acudir al médico, se busca otras alternativas, igual que cuando las pruebas diagnósticas se alargan eternamente, porque la gente quiere encontrar soluciones a sus problemas de salud y de vida”. “Si la sanidad pública no les atiende, hay una tendencia a la privada, por lo que sospechamos que pudiera ser que sea una cosa intencionada. Son dos elementos que se complementan. Si hay deterioro de la pública, hay negocio en la privada. Cuando pero vaya una, mejor va otra. Y es el riesgo que observamos”, alertó.
A su juicio, la “política del PP impulsa este deterioro, al privatizar de forma clara muchos de los servicios sanitarios a través de los conciertos”. También se refirió al planteamiento de la CEOE al “no hacer descuentos en las nóminas para que los trabajadores tengan más liquidez en sus salarios y poder acudir a seguros médicos que les va a permitir más agilidad”. Por lo tanto, incidió, al sistema “le están haciendo muchos agujeros para una voladura controlada y dejar espacio a la sanidad privada, porque la gallina de los huevos de oro está en la falta de calidad de la pública”.
Al respecto, exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mayor presupuesto al servicio de la sanidad para “tapar estos agujeros” y con una fiscalidad. “No se puede bajar los impuestos en la Comunidad y luego decir que no hay dinero para los servicios públicos”, apuntó.
También planteó al jefe del Ejecutivo un “acuerdo político, económico y social para la sanidad de Castilla y León”, como ofreció en el Debate del Estado de la Comunidad de 2023, del “que nunca más se supo”. “Es necesario un acuerdo de todos, porque el único fue el de 2001, cuando las transferencias del Insalud”, recordó.
Andrés explicó que en la Comunidad hay más de 500 consejos de salud y de área que se idearon en el acuerdo del Diálogo Social de 2001, en el que los vecinos “pueden participar de los problemas de los centros médicos de cada localidad”, y es “algo que no se está llevando a cabo”. “Si no hay acuerdo y evolución, el conflicto será constante y permanente y habrá más protestas”, advirtió.
“Unos grupos contra otros”
También intervinieron el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Tomás Ureña, que consideró que la Junta “está dinamitando” a los profesionales sanitarios “al tratar con privilegio a unos grupos contra otros”, y puso como ejemplo el trabajo en sábado. “Hoy hay compañeros trabajando y cobrando, y otros que van a trabajar y no lo percibirán. No todo el que trabaja, hoy cobra”, reprochó. “Y todo por decisión personal”, dijo, “del consejero de Sanidad”. “Es una manera de arruinar la sanidad pública. Hace cinco años todo el mundo aplaudía a los sanitarios, héroes y ahora son villanos porque cada vez la Junta les trata peor”.
Por su parte, la secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO, Ana Rosa Arribas, se quejó de “falta de diálogo” de la Consejería y explicó que la sanidad “se enfrenta a unos retos tecnológicos y de formación muy amplios, que no está abordando la Comunidad”. Además, cargó contra Alejandro Vázquez por decir que “los sanitarios no quieren venir a Castilla y León porque el Ministerio no abre plazas MIR, es mentira; aquí salen esas plazas y queda más del 70 por ciento descubiertas”. “N quieren venir porque no es una sanidad moderna, que no cuida a los profesionales ni mejora las condiciones laborales. Solo discrimina, se niega a la negociación con los sindicatos y no atiende las necesidades de la sociedad y profesionales”, criticó.
Apoyo político de la izquierda
Apoyaron la protesta formaciones como el PSOE y Podemos. Así, la vicesecretaria general de los socialistas de Castilla y León, Nuria Rubio, que acudió acompañada del secretario de Organización, Daniel de la Rosa, entre otros, reivindicó un “derecho fundamental” como la sanidad pública, “desmantelada por el Gobierno de Mañueco durante todos estos años”. Destacó que a la protesta de este sábado ha llegado “gente de todas las comarcas y provincias” y reprochó las inversiones de la Junta en sanidad privada, que “crea desigualdad entre las personas que tienen más y menos recursos, sino también entre las que viven en diferentes territorios, porque no hay sanidad privada en zonas rurales.
Apuntó, en este sentido, que ha destinado 108 millones de euros a la sanidad privada “mientras la pública perdía profesionales, que es a la que pueden acceder todos”. “Hemos perdido 337 profesionales en la pública”, cifró Rubio. Recordó que Mañueco hizo unas declaraciones en 2020 llamando a la oposición “victimista y alarmista” cuando el PSOE reclamó más camas UCI durante la pandemia. “Ahora vemos que si volviésemos a sufrir una pandemia de estas características, nuestra sanidad estaría igual de mal o peor que entonces. Esto ya no se puede sostener, la gente ha dicho basta”, exclamó, para afear las declaraciones del consejero por acusarles de “alborotadores” en esta manifestación. “Que escuche a la sociedad de cada rincón de Castilla y León, que vienen a exigir lo que es nuestro, una sanidad pública de calidad para todos y todas”, resumió.
Por su parte, el procurador Pablo Fernández, de Podemos, señaló que la sanidad pública “no es un negocio, es un derecho, que no se vende, se defiende”. Añadió que “ante el menoscabo y el deterioro que el PP está provocando en la sanidad pública”, con “interminables y lacerantes listas de espera, cierres de consultorios en el medio rural”, con una “terrible falta de especialistas y una Atención Primaria al borde del colapso, es necesario que la ciudadanía salga a las calles para defender la sanidad pública”.
Coincidió con los sindicatos al acusar al PP que, “de forma expresa está deteriorando la sanidad pública para impulsar la privada”; y señaló que en los últimos años el gasto en la sanidad privada se ha incrementado un 40 por ciento”. Por último, cargó también contra el Gobierno central por “plegarse y arrodillarse” ante las aseguradores privadas, con 5.000 millones de euros para mantener el modelo de Muface, y apostó por eliminarlo e integrar esa inversión en la sanidad pública, y pidió la supresión de la ley que “abrió las puertas a la privatización de la sanidad”.
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