El Gobierno ha aprobado este martes medidas para repartir a los menores migrantes que llegan a las islas Canarias entre las distintas comunidades autónomas y establecer un mecanismo permanente de reubicación.
Ical.- Para ello, ha suscrito un acuerdo con Junts, cuyo objetivo es dar solución a un conflicto que está a punto de colapsar los derechos humanos en el archipiélago, donde los servicios de atención sociosanitaria están en situación límite debido a la presencia de 5.500 niños y adolescentes migrantes.
Las nuevas medidas establecen que Cataluña recibirá entre 20 y 30 y, Madrid, a más de 700, en un reparto se realizará “teniendo en cuenta el peso poblacional”, así como “el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años”, según explica JxCat en un comunicado.
La decisión será posible tras la aprobación de un real decreto ley que permitirá modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que contempla la posibilidad de fijar a acuerdos con los territorios a donde llegan los menores para asumir su tutela (de competencia autonómica). Asimismo, el acuerdo establece “una compensación económica adecuada” para las comunidades que haya estado por encima de la media de plazas estructurales establecidas, como es el caso de Cataluña.
El acuerdo no es del agrado del PP, que acusa al Gobierno de “mercadear” con estos menores y de repartidos “como si fueran paquetería”. Incluso ha anunciado que se negarán a acogerlos sin “garantías” del Estado al que, además, “le da igual cómo estén esos menores con tal de que no estén en Cataluña”, según declaraciones del portavoz del Parido Popular, Miguel Tellado. El pacto de PSOE y Junts se basa en una política de fronteras “a la carta para los independentistas catalanes”, ha añadido, en referencia al acuerdo de delegación de competencias migratorias a Cataluña.
Por todo ello, y según ha expuesto Tellado, las comunidades gobernadas por el PP se negarán a acoger a los menores de Canarias y Ceuta, si no tienen capacidad para alojarlos “con respeto y garantías”. Si el Ejecutivo “no pone medios ni financia la acogida de estos menores”, los territorios con gobierno ‘popular’ “no podrán colaborar”, ha añadido.
Las comunidades tienen hasta el próximo día 31 para confirmar el número de menores migrantes no acompañados que tutelan actualmente y, según esas cifras, el Gobierno establecerá el límite de capacidad de las autonomías y a cuántos de estos extranjeros deberán acoger, en función de los criterios establecidos en el nuevo acuerdo.
