Pacma pide retirar las ayudas a los ganaderos para prevenir ataques del lobo

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha solicitado este miércoles la “retirada inmediata” de las subvenciones públicas dirigidas a explotaciones ganaderas que, según denuncian, han impulsado y presionado para que el Congreso de los Diputados aprobara la semana pasada la reactivación de la caza del lobo ibérico, lo que perjudica “su protección al norte del Duero” y debilita “su estatus legal en el resto del territorio”.

Pacma considera que esta decisión —adoptada con apoyo del PP, Vox, PNV y Junts, con la abstención de ERC y EH Bildu— representa una “agresión directa a la biodiversidad y un retroceso histórico en la protección de la fauna salvaje”.

“Si el Estado concluye permitir la caza del lobo para evitar perjuicios al sector ganadero, entonces todo el dinero público que se invierte en prevenir, muchas veces de manera ineficaz, esos supuestos ataques al ganado y compensarlos cuando se producen, deja de tener razón de ser”.

Asimismo, el partido animalista recuerda que “los lobos no son responsables de la muerte de miles de animales cada año, sino que esas muertes se deben en gran medida a prácticas ganaderas negligentes, que dejan al ganado desprotegido, sin vigilancia y sin medios de prevención”.

El abandono del ganado

“Hemos llegado al absurdo de pagar con fondos públicos el abandono del ganado y, encima, financiar el exterminio de los lobos que intentan sobrevivir en un entorno cada vez más fragmentado y hostil”, denuncia la formación.

Una amenaza para la especie el ecosistema

Pacma señala que esta medida, “además de carecer de base científica y técnica”, abre la veda a “la extinción del lobo ibérico, una especie clave para el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas”, y que ya ha desaparecido de amplias zonas del país. La propia Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, junto al dictamen del Comité Científico, fue quien justificó su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021, del que ha sido expulsado ahora.

La decisión del Congreso, además, se ha llevado a cabo “mediante enmiendas introducidas de forma indirecta en una ley ajena al ámbito ambiental”, un procedimiento que Pacma califica de “chapucero y antidemocrático”, al no contar con el “respaldo técnico necesario” ni con un debate “abierto y transparente”.