La Fiscalía pide investigar la financiación del partido de Alvise

Podría haber cometido un presunto delito electoral y otro presunto delito de financiación ilegal del partido político
El eurodiputado Luis 'Alvise', durante un acto público. Foto: @seacabolafiesta.salf.

La Fiscalía pide que el Tribunal Supremo (TS) impute al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ (Salf), y que investigue si financió irregularmente dicho partido a través del cobro en efectivo de 100.000 euros entregados por el empresario Álvaro Romillo, del sector de las criptomonedas. Así, el Ministerio Público le atribuye dos posibles delitos, uno de financiación ilegal de su partido y, el otro, electoral.

En concreto, la Fiscalía quiere que se investigue el tráfico de dinero digital que Romillo destinó al partido y, además, que el eurodiputado de extrema derecha justifique los pagos que efectuó durante la campaña. Para ello, considera necesario que se analicen las cuentas bancarias a su nombre y las de Salf. Asimismo, hace referencia el empresario de las criptomonedas como cooperador, por lo que también considera que debe ser imputado.

Los hechos tuvieron lugar el día antes de las elecciones europeas, cuando ‘Alvise’ recogió la cantidad citada en la empresa Sentiel, destinada a financiar su campaña en esos comicios. De hecho, el propio político ha reconocido haber obtenido los 100.000 euros y no haber declarado el ingreso a Hacienda, incluso “sin factura”, pese a ser “autónomo”. Romillo también confesó haber realizado la entrega ante la Audiencia Nacional y la causa llegó al Tribunal Supremo (TS)..

También se hicieron públicas conversaciones entre ambos que daban a entender un acuerdo por el cual el cabeza visible de Salf habría apoyado políticamente el sector de las criptomonedas, por considerarlo vital para un pacto con PP y Vox.

‘Alvise’ tiene abiertas, además otras causas judiciales, tanto de carácter penal como civil. Entre las primeras, se encuentra la difamación de un diputado del PSOE por León y la amenaza a una jueza de Sevilla. Asimismo, entre sus posibles delitos civiles se incluye la difamación de exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un posible delito por el que podría pagar 5.000 euros. Recientemente, fue condenado a indemnizar al exministro de Transportes José Luis Ábalos con 60.000 euros por haber publicado en su perfil de Twitter (ahora X) fotografías privadas suyas.

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