Dice un refrán que al médico, abogado y cura, no le andes con engaño. Parece que la Ministra de Sanidad, Mónica García, no se muestra muy sincera con el personal del Sistema Nacional de Salud de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios -CSIF- que se concentraron este martes en la plaza de la Constitución -donde está la sede de la Subdelegación del Gobierno- en protesta por la falta de compromiso de la ministra Mónica García para presentar una propuesta con mejoras salariales y una nueva clasificación para todos los colectivos y categorías de la Sanidad. «Estamos aquí, porque ya no nos valen más palabras vacías», señala Antonio Grande, responsable de Sanidad del CSIF de Salamanca.
La negociación está vinculada al Estatuto Marco que es competencia del Ministerio de Sanidad. “Las mejoras laborales deben amparar al conjunto de los profesionales de la sanidad”, subraya CSIF. Después de dos años de reuniones, “la negociación no avanza, y la ministra Mónica García se niega a concretar mejoras salariales, una nueva clasificación de las profesiones o la reducción de horas de guardia sin pérdida retributiva”.
Las acciones de protesta se endurecerán de manera progresiva si el Ministerio no reacciona, asegura CSIF, e irán acompañadas de reuniones con los grupos parlamentarios y una queja a Bruselas por el incumplimiento de las exigencias vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia sanitaria.
Eso sí, prefieren llegar a un entendimiento. CSIF seguirá acudiendo a las próximas reuniones de la Mesa del Ámbito de Sanidad sobre el Estatuto Marco, con la mejor voluntad de alcanzar un acuerdo, teniendo las líneas la necesaria y adecuada clasificación del nivel de las diferentes profesiones de la Sanidad, acorde a titulación exigida, responsabilidad y especialidad, con la debida concreción de retribución económica específica y básica, conforme a lo propuesto por CSIF.
Aunque estás protestas están vinculadas al Estatuto Marco, las competencias en Sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Los servicios de salud de cada comunidad autónoma tienen parte de responsabilidad en lo que se refiere al refuerzo de plantillas, la retribución salariales de los complementos, que sí dependen de cada comunidad autónoma. «Aprovechando que el Gobierno de España no presenta presupuestos, la Junta de Castilla y León tampoco lo hace y como el Gobierno no se mueve, tampoco lo hace la Junta. La consecuencia de todo esto es el deterioro público de Sanidad y las consecuencias para los trabajadores que no ven cómo ven sus reivindicaciones son atendidas», explica el responsable de Sanidad del CSIF en Salamanca.
CSIF ha pedido reuniones con todos los consejeros de Sanidad y con los directores generales correspondientes para trasladarles la falta de negociación y de compromiso que está manifestando la ministra Mónica García para abordar este Estatuto Marco que es la Ley básica de los empleadores de la Sanidad, que es de 2003. «Tiene más de 20 años, está obsoleto y necesitamos, con todas las situaciones que hemos vivido en el sector de la Sanidad, pandemia, Filomena y otros eventos históricos que estamos viviendo y una vez más, es el personal sanitario el que saca adelante todos estos problemas y se mantienen en sus puestos de trabajo, proporcionando una atención de calidad», matiza Grande.
También pide la aplicación de lo dispuesto en el art. 76 del TREBEP para técnicos medios y superiores al grupo C1 y B; la jubilación voluntaria parcial y anticipada y por coeficientes reductores; la jornada de 35 horas para todo el Sistema Nacional de Salud; la equiparación salarial en el conjunto de las comunidades autónomas; la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de sueldo de 2010, con el cobro de la paga extra íntegra y subidas salariales pendientes; el desarrollo de la carrera profesional en todas las comunidades y para todas las categorías; o la revisión del régimen de compatibilidades para evitar la fuga de profesionales.
Por otra parte, CSIF ha registrado una carta dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiéndole que habilite una partida presupuestaria para financiar el nuevo sistema retributivo de la nueva clasificación de profesionales de Sanidad en el Estatuto Marco.
