El alcalde contradijo en el juicio su propia denuncia contra el asesor del congreso de los jeques

El escándalo del congreso de los falsos jeques, con sus inversiones milmillonarias en Salamanca, sacudió al gobierno municipal, que no tardó en buscar un cabeza de turco para atribuirle la responsabilidad del intento de engaño social que se quiso perpetrar en la ciudad del Tormes.

Tras denunciar en el juzgado al asesor que lo promovió, José María Fuentes, por falsificar un título universitario que no se necesitaba para concurrir al contrato municipal, se quiso levantar un cortafuegos para tratar de impedir que el caso salpicara directamente al equipo de Gobierno.

El alcalde, Carlos García Carbayo, lanzó un aviso claro en una entrevista radiofónica el 9 de febrero de 2023: «Quiero dejar claro que ninguna persona que defienda la actuación de ese asesor, ninguna persona que considere que la actuación de ese asesor es correcta puede seguir en el Ayuntamiento de Salamanca. De ninguna manera puede seguir y tendrá que asumir sus responsabilidades. Esto es así y así», sentenció después de haber tachado a Fuentes en esa misma entrevista de «farsante, un sinvergüenza y un mangante».

Cuatro días después, el alcalde apartó de sus competencias al concejal de Tabernas, Fernando Castaño, pero le mantuvo el sueldo con dedicación exclusiva de 57.000 euros anuales. No podían dejarlo cabreado y exponerse a que les quitara su apoyo, que era imprescindible para que el PP mantuviera el gobierno municipal.

Compraron su apoyo por un sueldazo hasta el final de la legislatura, pero le apartaban de cualquier responsabilidad de gobierno.

Más llamativo ha sido el caso de las dos técnicos de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, Ana Hernández, gerente por entonces de la sociedad, e Inmaculada Vicente, responsable del área de promoción económica en la entidad.

Ambas permanecieron en sus cargos, pese a sus manifestaciones en la comisión de investigación que se abrió en el Ayuntamiento para analizar el congreso de los jeques, en la que coincidieron en afirmar que el título universitario no era imprescindible para adjudicarse el contrato, algo que colisionaba con el argumento empleado por el Ayuntamiento en su denuncia penal contra el exasesor José María Fuentes.

El Ayuntamiento afirmaba en su acusación que el título universitario era imprescindible para adjudicarse el contrato, y las dos técnicos reconocieron en la investigación que no contaba para el concurso, y que los pliegos solo hablan genéricamente de una titulación académica sin especificar cuál.

El caso es que el pasado mes de marzo, dos meses antes del juicio a Fuentes, las dos fueron removidas de sus respectivos puestos y degradadas de alguna manera. Ana Hernández dejó de ser la cabeza de la sociedad y la relegaron a coordinadora del área de turismo dentro de la entidad.

Inmaculada Vicente, que era la encargada del área de Promoción Económica, dentro de la sociedad municipal, la mandaron a la sociedad municipal ‘Zona de Actividades Logísticas de Salamanca’ (Zaldesa), que impulsa el desarrollo de suelo industrial y la construcción de la Plataforma Intermodal para el transporte de mercancías (Puerto Seco).

El Ayuntamiento afirma que esos cambios «no tienen nada que ver» con sus afirmaciones sobre lo innecesario del título universitario de Fuentes, sino que son «cambios como otros que se han producido en una reorganización, como la responsable de Bienestar Social que ha pasado a la oficina de presupuesto. Ha habido otros cambios y no tienen nada que ver con ese tema», señalan fuentes municipales.

En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, Ana Hernández y el exconcejal de Comercio y Promoción Económica, Juan José Sánchez, sostuvieron que el título de licenciado en Económicas no era necesario para el concurso, mientas que Inmaculada se retractó de lo que dijo en su día en la comisión de investigación que se abrió en el Ayuntamiento.

Lo más llamativo del caso es que el propio alcalde, Carlos García Carbayo, que en público y en su denuncia contra Fuentes dijo que el título era imprescindible y que, además, podía darle 51 puntos en el concurso, en el juicio declaró que el pliego de condiciones recogía que los candidatos debían presentar “titulaciones académicas y profesionales” para demostrar la “solvencia técnica” de cada candidato, pero no precisó si era necesario o no un grado o antigua licenciatura. Sí reconoció que se había equivocado atribuyendo 51 puntos del concurso al título académico, cuando no contaba.

Total, que al final Fuentes acabó con dos años de prisión por falsificar un título que no contaba para el contrato, pero que al falsificarlo le sirvió de percha al equipo de Gobierno para crucificarlo en público y en los juzgados.