Los protocolos de la vergüenza en Madrid afloran en el juzgado

Hubo “discriminación” en los protocolos de no derivación hospitalaria aplicados en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid aplicados en la primera ola de la pandemia por la covid-19. Así lo ha dicho el exconsejero de Políticas Sociales madrileño, Alberto Reyero, este martes en los juzgados, y lo avisó también cuando conoció la norma el 20 de marzo de 2020. Entonces advirtió de que esas personas “morirían de forma indigna”.

Se lo hizo saber al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y al firmante del documento, Carlos Mur, imputado por un posible delito de denegación de la asistencia sanitaria.

Reyero ha declarado este martes como testigo en los juzgados de Leganés. Los protocolos, según ha detallado, tenían “una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia”. Además, si los criterios “hubieran venido acompañado de una medicalización, se hubiera hecho lo correcto”. Pero no fue así, según ha ratificado.

Por otra parte, también este martes se ha confirmado que no se derivó a mayores desde las residencias de la Comunidad de Madrid a los centros privados de HM Hospitales. Así lo ha asegurado el abogado Carlos Castillo sobre otro de lo investigados, Juan Abarca Cidón, presidente de la compañía, uno de los grupos sanitarios privados principales en Madrid. El abogado representa a la asociación ‘Mareas de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia’.

Sí hubo derivaciones tras el paso de los pacientes por un hospital público, “es decir, que no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia”, aclara el letrado.

Por su parte Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra la pandemia, ha declarado según ha señalado Castillo, que en una reunión el 11 de marzo, en la que estaban Díaz Ayuso, Ruiz Escudero, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty y Miguel Ángel Rodríguez, planteó al Ejecutivo madrileño que debía haber un «mando único«. A partir de entonces fue «nominado» como ese posible mando único.

La Fiscalía ha solicitado al juez a partir de ese momento de la declaración que se suspendiera la comparecencia de Burgueño como testigo, según ha asegurado Castillo, ante la posibilidad de ser citado en el futuro en calidad de investigado, por lo que en ese punto ha quedado aplazada.