El juez procesa al Fiscal General del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un supuesto delito de revelación de secretos cometido contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta del a Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El auto está basado en suposiciones sin probar, y alegando indicios igualmente sin respaldo de la prueba.

Así lo ha determinado el juez Ángel Hurtado, quien sostiene que García Ortiz filtró, siguiendo “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno, el email en el que Amador pedía un pacto con la Fiscalía a cambio de reconocer sus delitos fiscales, a través de un mensaje redactado por su defensa.

A este respecto, el auto señala que el fiscal general facilitó a periodistas de ‘El Plural’ el contenido de un email del 2 de febrero de 2024, remitido por el el abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso abierto contra su cliente. Se trataba, según Hurtado, de datos personales de un ciudadano incluidos en una “conversación privada” entre letrado y fiscal, sujeta a “criterios de reserva y confidencialidad”.

La decisión deja a fiscal general a un paso de sentarse en el banquillo. Tras el auto, que aún no es firme, la Fiscalía y las acusaciones tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura del juicio oral, presentar un escrito de acusación, pedir el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.

Respecto a los hechos atribuidos a García Ortiz, el documento judicial explica que este entró en “una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”. Y todo “con la finalidad de ganar el relato”, con las indicaciones de la Presidencia del Gobierno y tras conocer la información publicada por ‘El Mundo’ el 13 de marzo del año pasado.

El auto sitúa una conversación por teléfono entre García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, como punto inicial de las comunicaciones. Tras esta llamada, Rodríguez contactó un par de veces, también por vía telefónica, con el fiscal encargado del caso, Julián Salto, con el fin de solicitarle que, por petición del fiscal general, le hiciera llegar los correos intercambiados entre él y el letrado del empresario. Esta información se reflejaría después en una nota de prensa elaborada para desmentir lo publicado en la prensa.

Asimismo, Hurtado sostiene que, desde la Fiscalía General del Estado, se envió una copia del email a la directora de Gabinete del Secretario de Estado, Pilar Sánchez Acera. Fue así como la información llegó a la Presidencia antes de cualquier otra difusión.

Dado que el mensaje recogía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso”, el magistrado considera que su filtración desde el Ministerio Fiscal “pone en cuestión el prestigio de la institución”.

La causa lleva nueve meses abierta en el Supremo y otros seis en la Audiencia Provincial de Madrid.