García Ortiz no dimitirá

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no tiene previsto dimitir de su cargo, pese a que el Tribunal Supremo (TS) lo haya imputado este lunes por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. Lo confirman fuentes cercanas a García Ortiz que, en este sentido, aseguran que el jefe del Ministerio Público mantiene su inocencia frente a los hechos que se le imputan. Él no ha hecho declaraciones públicas al respecto, por el momento.

García Ortiz podría enfrentarse a penas que van de uno a cuatro años de cárcel, además de la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de entre uno y tres años, o incluso se podría dictar para él la inhabilitación especial para empleo público durante tres a cinco años.

El magistrado deja a García Ortiz a un paso de sentarse en el banquillo, lo que conllevaría su inhabilitación en una situación inédita en la historia democrática, en la que ningún fiscal general ha sido procesado. Y lo hace basándose principalmente en la filtración del email donde Amador se ofrecía a reconocer delitos contra la Hacienda Pública para pactar con la Fiscalía. Hurtado cree que el fiscal general actuó por «indicaciones» de Presidencia del Gobierno y con una actitud «frenética» de «ganar el relato» a favor del Ministerio Público.

El mismo delito se le atribuye la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez quien, sin embargo, tiene unas circunstancias menos ventajosas que las de García Ortiz. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), los fiscales procesados serán suspendidos de empleo y sueldo.

Al poco de conocer el auto dictado por el juez Ángel Hurtado, el Gobierno se mostrado del lado del jefe del Ministerio Público y de “la Fiscalía en su conjunto”.

«Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto… El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito», dijo el ministro de la presidencia, Félix Bolaños.

Considera que es «perfectamente sostenible» que siga en su cargo, ya que, ha subrayado, «en un Estado de derecho», prevalece la «presunción de inocencia». Asimismo ha recordado que el auto «no es firme» y cabe «reforma y apelación». «La verdad prevalecerá», dijo.

En la otra cara de la moneda están las reacciones del Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, pide la dimisión de García Ortiz y de la Presidencia del Gobierno. “Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones”, publica en su perfil de la red social X.

Por otro lado, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha dicho que el Gobierno de Sánchez está “en colapso” y en “fallo multiorgánico”, y ha animado a los socios del PSOE a abandonar el “búnker” en el que le dicen “amén” a todo.

En el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la exigencia es la misma. Consideran que García Ortiz debería dimitir “para poder defenderse en los tribunales de las acusaciones”, y que incluso debió haberlo hecho cuando comenzó la investigación “para no manchar la institución”, ha asegurado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, quien ha defendido que el Gobierno debería ejecutar “su cese inmediato”.

Por su parte, ante los hechos, Vox ha manifestado que el presidente del Gobierno debería dimitir “si le quedara un rastro de dignidad”, en declaraciones de su portavoz, José Antonio Fúster.

“Guerra sucia”, según Podemos

Respecto a la reacción de la izquierda, Podemos considera que el procesamiento del fiscal general es fruto de la “guerra sucia” impuesta contra el Gobierno desde la derecha. Además, ha reprochado al PSOE no haber “parado los pies” antes al Poder Judicial, cuando los perjudicados eran otros, como la propia formación violeta, los “independentistas”, los” ecologistas”, los “movimientos sociales” o a “los activistas por Palestina”. En este sentido, su líder, Ione Belarra, apunta que “de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos”.