Jueces y fiscales conservadores protestan contra el Gobierno en Salamanca

Las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han convocado un paro de diez minutos a las puertas de los juzgados para expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía. Decenas de profesionales y público ultra participaron en la protesta celebrada en Salamanca.

El paro estaba convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas ellas de perfil conservador.

Los firmantes solicitan “la retirada” del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal al considerar que recoge “medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial”, que no responde a “una verdadera demanda social” y no contribuye a “solucionar los verdaderos problemas de la Justicia”, incrementando “los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho”, según consta en el manifiesto que leyeron el magistrado de la Audiencia de Salamanca José María Crespo, y el presidente de la Audiencia, José Antonio Vega.

También reclaman “la retirada” del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.

“Concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”, dicen sobre el anteproyecto, como alguna vez no hubiera habido injerencias políticas en este colectivo.

Los convocantes amenazan con ir a la huelga si el Ejecutivo no retira estos dos proyectos.

El Gobierno aprobó a finales del pasado mes de enero una transformación integral del acceso a la carrera judicial y fiscal. El anteproyecto, aprobado en el Consejo de Ministros, blinda por ley el sistema de becas para opositores que, además, tendrán la posibilidad por primera vez de preparar las oposiciones en un organismo público, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). 

La iniciativa crea también un registro público de preparadores, que tendrán que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad y garantiza la convocatoria de plazas para el llamado cuarto turno, el que permite al acceso a la carrera judicial por concurso de méritos y experiencia, sin pasar una oposición.

La oposición a las carreras judicial y fiscal es exigente en tiempo y, por tanto, en dinero. Requiere dedicar entre ocho y diez horas diarias al estudio, lo que hace esta tarea prácticamente incompatible con el desempeño de ningún trabajo que permita obtener ingresos durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Y a eso hay que sumar los honorarios del preparador privado, que puede cobrar unos 200 euros mensuales; y el precio de manuales y materiales. 

Con el objetivo de que todos los estudiantes con vocación puedan optar a ser jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado sin que la renta familiar condicione su decisión, el anteproyecto blinda por ley el sistema de becas que el Gobierno puso en marcha en 2022. Y lo hace, además, garantizando que su cuantía nunca pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 1.134 euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad. Las ayudas se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. Además, serán compatibles con las que ya rigen en algunas comunidades autónomas. 

La reforma del Gobierno también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado en manos, habitualmente, de jueces y fiscales en ejercicio. Pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

Contra esto protestaron este miércoles los jueces y fiscales conservadores.