Preocupación por la opacidad y la falta de igualdad de oportunidades en la gestión de los espacios de hostelería en los eventos públicos organizados por el Ayuntamiento de Salamanca en la capital, como ocurre con el reparto de casetas en el concierto de la Orquesta Panorama, dentro del programa de las fiestas de San Juan de Sahagún.
Este evento, que se celebrará en el recinto de La Aldehuela con capacidad para hasta 20.000 personas -el doble que la Plaza Mayor-, contempla la instalación de tres barras (160 metros en total), dos food trucks y un puesto de gofres. «Todo ello, sin que haya existido hasta la fecha una convocatoria pública, ni información oficial sobre el procedimiento de adjudicación», señala Fernando Castillo, presidente de la asociación Hostelería Charra.
Con este planteamiento, desde la asociación se preguntan: «¿Cómo se ha realizado esta concesión? ¿A quién se ha adjudicado y por qué criterios?¿Dónde se ha publicado esta oportunidad, si es que se ha hecho?».
Teniendo en cuenta que este evento se recupera tras años sin celebrarse, no existe una tradición organizativa previa que justifique adjudicaciones automáticas. «Por tanto, sería especialmente grave que se recurriera a asignaciones directas o que se permitiera la participación de actores ajenos al sector hostelero en la explotación comercial de estos espacios, sin concurrencia ni transparencia», denuncia.
Además, quieren reivindicar que en Salamanca ya existen dos asociaciones del sector, y no una sola voz. «Nuestra asociación ha demostrado con hechos que trabaja día a día por la igualdad, la transparencia y el acceso justo de todos los hosteleros a las oportunidades que surgen en la ciudad», puntualiza Castillo.
Eventos de esta magnitud mueven una enorme cantidad de recursos económicos, y no es aceptable que el 99% del sector quede excluido, «mientras unos pocos se benefician sin un proceso público claro. De persistir estas prácticas opacas, nos veremos obligados a valorar medidas más contundentes para defender los intereses de nuestros asociados», advierte el presidente de Hostelería Charra.
Una vez más denuncian públicamente la existencia de prácticas ocultas, repetidas y sistemáticas que provocan una división inaceptable «entre hosteleros de primera y de segunda».
Por ello, piden al Ayuntamiento de Salamanca que aclare públicamente el procedimiento seguido para esta adjudicación y que, «de ahora en adelante, garantice procesos abiertos, equitativos y con todas las garantías legales para que el conjunto del sector pueda participar», señala Fernando Castillo .
Desde la asociación Hostelería Charra aseguran que Salamanca necesita una gestión justa, responsable y representativa. «No más decisiones en la sombra».
Por último, animan a cualquier profesional del sector hostelero que se sienta vulnerado o que necesite apoyo o información, a ponerse en contacto con nosotros a través del correo: asociacionhosteleriacharra@gmail.com
9 comentarios en «¿A quién se han adjudicado la ‘casetas’ de La Aldehuela para el concierto de Panorama?»
Seguro que los han adjudicado al que de mejor regalo, como pasa siempre en este ayuntamiento
En Salamanca, las adjudicaciones de espacios durante las fiestas vuelven a estar en entredicho. Las barras de bebidas han ido a parar, una vez más, a personas cercanas al presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería (AEHS), mientras el puesto de gofres se ha dado a un feriante. Todo apunta a un reparto poco transparente y marcado por los favoritismos de siempre, con vínculos evidentes al Partido Popular. El Ayuntamiento guarda silencio, como si no supiéramos lo que hay. Solo falta que le den una parcela al de las autoescuelas para aparcar los coches de prácticas en plena plaza.
Y me pregunto yo la seguridad quien la lleva y a quien se le ha concedido a koldo?
Admitimos apuestas seguro no pierdo el día que salte vamos a ver como escapan las ratas del barco acusandose unas a las otras
El dedo como sistema: contratos opacos y cesión arbitraria del espacio público en Salamanca
En Salamanca se ha consolidado una práctica administrativa que vulnera gravemente los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que deben regir la actuación pública. La adjudicación a dedo de contratos menores y la cesión arbitraria de espacios públicos para actividades lucrativas, como la instalación de barras en la vía pública, se han convertido en una forma habitual de gestión, al margen de los procedimientos establecidos por la ley.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que los contratos menores deben utilizarse de forma excepcional, con justificación expresa de la necesidad y elección del contratista, evitando cualquier fraccionamiento artificial del objeto contractual. Sin embargo, en la práctica, el Ayuntamiento de Salamanca elude cualquier forma de publicidad previa, adjudicando contratos de forma directa y reiterada a los mismos beneficiarios, en lo que parece una red de adjudicación clientelar.
Esta opacidad se extiende también a la cesión del espacio público, especialmente en fechas festivas o eventos populares, donde se permite la instalación de barras o elementos privados sin convocatoria pública, sin concurrencia, y sin resolución debidamente motivada. Estas cesiones “a dedo” no solo carecen de base jurídica formal, sino que convierten un recurso común —la vía pública— en moneda de cambio político o personal, gestionada con total arbitrariedad.
Aunque muchos vecinos y entidades apuntan directamente al alcalde, por su falta de voluntad de control o su clara desidia institucional, es necesario recordar que los técnicos municipales no están exentos de responsabilidad. La firma de informes favorables, la tramitación de expedientes irregulares o la omisión de controles básicos convierte a estos funcionarios en corresponsables de las ilegalidades administrativas que se producen.
El principio de legalidad y la obligación de actuar con objetividad que rige a todo empleado público (art. 103 CE, Ley 39/2015 y Estatuto Básico del Empleado Público) no desaparece porque el alcalde “pase del tema”. De hecho, los técnicos que amparan con su firma actuaciones arbitrarias pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria, patrimonial e incluso penal, especialmente si permiten la adjudicación de contratos sin expediente, sin publicidad, o si colaboran en cesiones verbales del dominio público al margen del procedimiento legal.
Estamos ante una situación en la que ni se respeta la ley ni se protege el interés general. Se administra el patrimonio público como si fuera privado, y se premia a unos pocos mientras se margina al resto, en un sistema donde el dedo sustituye al procedimiento. El contrato menor ya no es la excepción, sino la regla, y la vía pública se reparte como si fuera una propiedad personal del poder municipal.
Es hora de exigir responsabilidades. Si el alcalde no asume su deber de control, corresponde entonces a los órganos de fiscalización, a la oposición política y, sobre todo, a la ciudadanía, denunciar y poner en conocimiento de las autoridades competentes estas prácticas. Porque si los técnicos firman, tramitan o miran hacia otro lado, deben responder como servidores públicos. Y si el alcalde se desentiende, alguien debe recordarle que la ley no se negocia, se cumple.
Totalmente de acuerdo, porque los técnicos entran también a dedo y no le queda más remedio que firmar, favor por favor,este es el va ayuntamiento
La ley se cumple,el PP no lo tiene en cuenta,siempre funcionan así.
Seguridad, acceso y barras a amigos del señor presidente de los hosteleros.la mafia de siempre y la culpa de los que se lo permiten.
Y ademas les permiten poner precios abusivos a sus productos.
Mientras no haya una condena penal, así va a seguir todo.