Sólo el 40% de quienes han solicitado la eutanasia en España, tras la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia hace cuatro años, ha tenido acceso a ese derecho. En cifras, 1.000 personas, de un total de 3.000, según confirma este miércoles la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). La agrupación denuncia, además, desigualdad en entre las comunidades autónomas, en cuanto al alcance de la norma.
La agrupación también echa en falta información por parte de las regiones, pues menos de la mitad ha publicado el informe anual de 2024 al que obliga la ley. Otras, como Canarias o la Comunidad Valenciana, tampoco han dado a conocer el del 2022. Por ello, DMD ha pedido tanto al Gobierno como a las comunidades que hagan públicos los resultados el primer trimestre de 2026.
Cataluña ha sido el territorio con mayor número solicitudes (358) en 2024, y 142 eutanasias realizadas. En cuanto a las cifras totales, en España se registraron 960 solicitudes y se prestaron 427 prestaciones el año pasado, según las cifras facilitadas desde el Ministerio de Sanidad. Estos datos recogen también que, en los últimos cuatro años, ha habido 2.475 solicitudes y 1.034 prestaciones, lo que supone una aplicación del 42%.
Asimismo, la entidad que defiende el derecho a una muerte digna está tratando de determinar cómo modificar la ley para evitar que las solicitudes de eutanasia terminen judicializadas, como el caso de Noelia y Franscesc -ambos con graves situaciones de discapacidad y enfermedad-, cuyo derecho sigue sin hacerse efectivo hasta que los tribunales den una respuesta, después de que sus familiares denunciaran su petición.
Para evitar situaciones así, DMD considera imprescindible que los procesos se resuelven en plazos “muy breves”. Pues “obligar a una persona a continuar viviendo en esta situación, en contra de su voluntad, atenta contra su integridad física” y supone “un trato inhumano y degradante, una tortura”, explican.
