Jueces y fiscales conservadores, contra la reforma judicial del Gobierno

Cientos de jueces, fiscales y ciudadanos se han concentrado este sábado a las puertas del Tribunal Supremo para mostrar su rechazo a la reforma que impulsa el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Bajo el lema «Sin Estado de derecho no hay democracia», las cinco principales asociaciones conservadoras de la judicatura y la fiscalía han convocado esta protesta en la madrileña plaza de la Villa de París.

Durante el acto, los portavoces de las asociaciones han leído diversos manifiestos en los que han alertado sobre los riesgos que, a su juicio, la reforma supone para la separación de poderes en España.

Aunque el ambiente era de firme protesta, los organizadores han hecho un llamamiento a la serenidad. Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha insistido en que la concentración «no va contra ningún poder del Estado», sino en defensa de los principios constitucionales.

Junto a él, han tomado la palabra los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), uniendo sus voces para exigir que se garantice una justicia «independiente y despolitizada». Nadie levantó la voz cuando desde el PP alardeaban de tocar por detrás a los jueces del Supremo. Ni cuando los conservadores se negaban a renovar el CGPJ porque iban a perder la mayoría.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho que en la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal «no hay nada que afecte a la independencia» de este poder público. Por eso, considera que «los motivos de la movilización son infundados». Y ha pedido que «se lea la ley«: «que me digan una sola línea, una sola palabra, que afecte al Estado de derecho o a la independencia judicial».

El Gobierno aprobó a finales del pasado mes de enero una transformación integral del acceso a la carrera judicial y fiscal. El anteproyecto, aprobado en el Consejo de Ministros, blinda por ley el sistema de becas para opositores que, además, tendrán la posibilidad por primera vez de preparar las oposiciones en un organismo público, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). 

La iniciativa crea también un registro público de preparadores, que tendrán que pedir autorización en todos los casos para ejercer esta actividad y garantiza la convocatoria de plazas para el llamado cuarto turno, el que permite al acceso a la carrera judicial por concurso de méritos y experiencia, sin pasar una oposición.

La oposición a las carreras judicial y fiscal es exigente en tiempo y, por tanto, en dinero. Requiere dedicar entre ocho y diez horas diarias al estudio, lo que hace esta tarea prácticamente incompatible con el desempeño de ningún trabajo que permita obtener ingresos durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Y a eso hay que sumar los honorarios del preparador privado, que puede cobrar unos 200 euros mensuales; y el precio de manuales y materiales. 

Con el objetivo de que todos los estudiantes con vocación puedan optar a ser jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado sin que la renta familiar condicione su decisión, el anteproyecto blinda por ley el sistema de becas que el Gobierno puso en marcha en 2022. Y lo hace, además, garantizando que su cuantía nunca pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 1.134 euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad. Las ayudas se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. Además, serán compatibles con las que ya rigen en algunas comunidades autónomas. 

La reforma del Gobierno también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado en manos, habitualmente, de jueces y fiscales en ejercicio. Pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.