El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a la entrada en prisión del exdirigente socialista Santos Cerdán asegurando que el partido ya actuó con «contundencia» en el plano político y que ahora «es el momento de la justicia». Desde una conferencia de Naciones Unidas que se celebra en Sevilla, Sánchez ha insistido en que su Gobierno colaborará al máximo con los tribunales y respetará sus decisiones.
El mensaje desde el Ejecutivo es unánime. «Tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es la justicia quien tiene que dirimir las responsabilidades», ha declarado Sánchez, marcando una clara distancia con el PP, a quien acusa de «no asumir ningún tipo de responsabilidad» en sus propios casos.
Un cortafuegos para aislar el caso
La estrategia del Gobierno y del PSOE trata de levantar un cortafuegos en torno a Cerdán. La vicepresidenta María Jesús Montero ha subrayado que «si la Fiscalía y el Tribunal así lo han considerado, tendrán sus motivos», pero ha insistido en que se trata del «asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista».
En la misma línea, fuentes del Ejecutivo recalcan que la decisión del juez «no cambia nada» y que Cerdán «ha engañado a mucha gente». Niegan que se trate de un caso de corrupción del PSOE o del Gobierno y rechazan la versión del exdirigente sobre una «cacería» en su contra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido «ceñirnos a la persona determinada» y dejar que la justicia actúe contra un «comportamiento corrupto».
La nota crítica dentro del socialismo la ha puesto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha cargado contra el «victimismo» de quienes, en el pasado, «han sido determinantes en la trayectoria» de Cerdán y del exministro Ábalos.
Sumar presiona
Mientras, el socio de coalición, Sumar, ha anunciado que pedirá personarse como acusación popular en la causa para que se esclarezca todo «caiga quien tenga que caer». El partido de Yolanda Díaz aprovecha para elevar la presión sobre el PSOE, exigiendo un «giro de 180 grados» en la legislatura con medidas concretas de regeneración democrática, como la creación de una oficina anticorrupción.
