Suposiciones, deducciones e interpretaciones en el auto de prisión de Cerdán

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha enviado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a prisión preventiva y sin fianza por el riesgo de que se fugue o destruya pruebas clave. La razón principal de esta decisión, que contrasta con la libertad provisional de José Luis Ábalos y Koldo García, reside en que la investigación sobre Cerdán se encuentra en una fase mucho más temprana.

Según el auto judicial, esta diferencia de trato se debe a tres motivos fundamentales:

1. La investigación está en sus inicios. El juez argumenta que la instrucción sobre Cerdán acaba de comenzar. Su domicilio aún no ha sido registrado (debido a su anterior condición de diputado) y se desconoce su «verdadera situación económica» y sus «posibles contactos» en el extranjero. Para el magistrado, esto eleva el riesgo de que pueda ocultar pruebas si permanece en libertad.
2. El caso de Ábalos y Koldo está «muy avanzado». En cambio, la investigación sobre los otros dos implicados está en una fase madura. Sus viviendas ya fueron registradas, sus dispositivos electrónicos están intervenidos y su patrimonio ha sido analizado. El juez considera que las pruebas fundamentales ya han sido recabadas, lo que reduce el peligro de que las destruyan.
3. El rol central de Cerdán. El auto le atribuye un «conocimiento privilegiado» de la trama. Sugiere que Cerdán era el encargado de «realizar los cobros indebidos a las empresas» y distribuirlos. Esta supuesta posición funcional le daría acceso a información que Ábalos y Koldo podrían desconocer, convirtiéndolo en una pieza con mayor capacidad para entorpecer la causa.

En resumen, aunque los tres están investigados por delitos similares —organización criminal, cohecho y tráfico de influencias—, el juez considera que la fase procesal y el presunto rol de Cerdán en el organigrama justifican la medida de prisión, la más severa posible, para asegurar el avance de la investigación.

Además, considera que dado que las adjudicaciones a Acciona superaron los quinientos millones, y suponiendo que solo le pidieran un 1% de comisiones, algo que considera muy bajo en estas tramas, Cerdán podría haberse embolsado cinco millones de euros, por lo que falta por conocer su destino podría estar en manos de «otras personas físicas o jurídicas», sin atreverse de momento a atribuir al PSOE el supuesto delito de financiación ilegal, pero que deja flotando en el aire.

En su auto, el magistrado parte de un compromiso de pago de un millón de euros que la Guardia Civil detectó en la trama. Sin embargo, razona que esta cifra es «insólitamente mínima» para este tipo de delitos. El juez especula que si esa cantidad fuera solo el 1% de las adjudicaciones —un «porcentaje aún muy contenido», dice—, el soborno total ascendería a «una cantidad superior a los cinco millones de euros».

Esta deducción refuerza la tesis de que Cerdán no solo participó, sino que lideraba la trama, manteniendo una «relación vertical» sobre otros implicados como Ábalos y Koldo García, a quienes distribuía las mordidas. Por pura lógica, concluye el juez, «parece descartable» que la persona que reparte el dinero no se quede con una parte.

Es precisamente este presunto liderazgo la clave para enviarlo a prisión. El juez sostiene que Cerdán, al ser el gestor de los pagos, está «en la mejor disposición» para conocer la identidad del resto de beneficiarios y para «ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas» que lleven hasta ellos y hasta el resto del dinero. Proteger la investigación de ese riesgo es el motivo fundamental de su encarcelamiento.