El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha anunciado una reforma legal para prohibir la reventa de entradas con beneficio económico. La medida busca acabar con la especulación en un mercado que, según el propio ministerio, mueve más de 300 millones de euros en España. El nuevo límite para revender una entrada será su precio original más la inflación acumulada (IPC) desde el momento de la compra.
La propuesta es clara: si una entrada costó 100 euros y la inflación desde entonces ha sido del 1%, solo podrá revenderse por un máximo de 101 euros. El objetivo, según el Gobierno, es eliminar el incentivo económico de una práctica que considera «improductiva» y que no aporta ningún valor añadido.
Esta prohibición se incluirá en una nueva ley de consumo sostenible que el ministerio quiere aprobar «a la mayor brevedad». Dicha ley también combatirá la «reduflación» (reducir el tamaño de un producto sin bajar el precio) y la «publicidad del miedo».
Para garantizar el cumplimiento, el Gobierno advierte de que se sancionará a los infractores y se instará al bloqueo de las páginas web que faciliten esta práctica, aunque todavía no ha detallado las cuantías de las multas.
Desde el ministerio argumentan que la legislación actual, que veta la compra masiva de entradas con bots, es insuficiente. La medida sigue el ejemplo de otros países europeos como Bélgica o Francia, que ya cuentan con regulaciones similares para limitar la reventa desde hace más de una década.
