De las casas ultra baratas a los pisos inasequibles

Hace mucho que perdimos la fe en el progreso y tal como está el patio global ya nos conformaríamos con que las cosas no fueran a peor. No sea que salgamos de la pobreza para alcanzar las más altas cotas de la miseria, como dijo Marx (Groucho). Me suscita este pesimismo la exposición del Archivo histórico provincial «Hogar. La vivienda social en Salamanca. 1936/1975». Una exposición de gran interés, como las de los últimos años sobre la Guerra civil, que me parece no han recibido una merecida atención pública.

Con fondos del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar la exposición muestra el proceso de urbanización de barrios salmantinos destinados a vivienda social o ‘protegida’: Pizarrales, El Carmen, San Bernardo (o Salas Pombo), La Vega, Garrido y San José. Como en otros lugares, estas promociones respondían a una situación habitacional desastrosa, que venía de décadas atrás. Según datos oficiales, hacia 1950 hacían falta casi dos millones de viviendas en España, la mayoría para sustituir a habitáculos insalubres carentes de espacio y servicios (agua, luz, alcantarillado). Muchas familias vivían aun en chabolas, casetas, bajos sin ventanas, incluso en cuevas. Nos hacemos una idea con un documento de esta exposición: la carta de un vecino que pide un alojamiento pues está viviendo «en calidad de recogido» con su familia de seis miembros en una alcoba con dos camas dentro de una casucha del Arrabal que amenaza ruina.

Esta política de casas baratas y ultra baratas (así se llamaban) no llegó a cubrir las necesidades, pero fue un alivio para muchos. Solían ser barriadas «semi rurales», esto es, alejadas del núcleo urbano. La segregación espacial reflejaba así la social y, además, los suelos resultaban más baratos. Los criterios de adjudicación se basaban teóricamente en la necesidad de la familia, que debía ser humilde y numerosa, excluyendo, eso sí, a las de antecedentes políticos indeseables y a veces reservando cupos para curas, policías o funcionarios, que, de paso, velaban por el mantenimiento del orden y la adhesión al ‘Movimiento’.

Esta política habitacional, de vaga inspiración falangista, está en el origen del problema actual de la vivienda en España. En la posguerra la mayoría de los países europeos nacionalizaron el suelo y crearon un amplio parque de viviendas con alquiler asequible, dentro de un mercado inmobiliario muy intervenido. Aquí en cambio la política de casas en propiedad implicaba una transferencia de recursos públicos a los particulares, pues, como dijo Arrese, ministro y jerarca de Falange, en 1959, «no queremos una España de proletarios, sino de propietarios». Y ya se sabe que, por definición, los propietarios son de derechas.

Arrese hablaba entonces ante agentes de la propiedad inmobiliaria, que le hacían un significativo homenaje. Consolidaron así una cultura de la propiedad hoy muy arraigada en España, donde las viviendas muchas veces se ven más como inversión que como valor de uso. La transición no quiso o no pudo cambiar esa orientación, mostrando también en este aspecto un nefasto continuismo con la dictadura. La feroz especulación de promotores, bancos y particulares, amparada por el tópico ‘liberalizador’ de algunos gobernantes, más el auge de la demanda turística, han ocasionado un alza espectacular en los precios «que excede de cualquier límite razonable en muchos lugares», según decía ya la Ley del Suelo de 1990.

Una inercia que llevó a la crisis de 2008 (muchas viviendas vacías a la vez que mucha carestía, escasas promociones públicas, mucha insolvencia), origen de la penosa situación actual, en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para millones de personas.