El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha puesto en marcha una investigación contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares de obras durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. El magistrado le atribuye indicios de hasta cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.
La investigación se activó después de que el Tribunal Supremo, que investiga al propio Ábalos, remitiera al juez Moreno «indicios consistentes» contra ella y contra el ex director general de Carreteras, Javier Herrero. A raíz de esta comunicación, el juez abrió una pieza separada secreta y ordenó a la Guardia Civil el registro de sus domicilios.
Según consta en el auto judicial, durante el registro en la vivienda de Pardo de Vera en Santiago de Compostela, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) clonaron su correo electrónico personal e incautaron un ordenador y diversa documentación. Entre los papeles hallados, había algunos relacionados con contratos de mascarillas durante la pandemia. Su coche también fue registrado.
El núcleo de la sospecha, tanto para el Supremo como para la Audiencia Nacional, es si Pardo de Vera y Herrero ayudaron al entonces asesor del ministro, Koldo García, para que «las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término».
Tanto Isabel Pardo de Vera como Javier Herrero han sido citados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio para aclarar su participación en los hechos.
