El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados un ambicioso plan de choque contra la corrupción. Se trata de un paquete con 15 medidas de «importante calado», diseñadas en colaboración con la OCDE, que buscan crear un sistema más robusto para prevenir, investigar y castigar las prácticas corruptas tanto en la administración como en el sector privado. «Este plan supondrá el mayor impulso a la lucha contra la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en este país», prometió Sánchez.
Las propuestas se articulan en torno a varios grandes ejes:
1. Una nueva arquitectura para la prevención
La medida estrella es la creación de una Agencia de Integridad Pública que unificará y coordinará la labor de los distintos organismos estatales dedicados a la lucha contra la corrupción. Además, el plan contempla extender los exitosos controles de los fondos europeos a toda la administración e introducir inteligencia artificial para detectar patrones anómalos en los contratos públicos.
Para las empresas, se exigirán sistemas de control interno (compliance) si quieren contratar con el Estado. En cuanto a los políticos, se establecerán controles patrimoniales aleatorios a altos cargos para detectar enriquecimientos irregulares.
2. Más agilidad en la justicia y protección a los denunciantes
Para evitar las «dilaciones calculadas» que minan la confianza ciudadana, el Gobierno propone crear procedimientos judiciales sumarios y de carácter preferente para las causas que impliquen a cargos públicos. Esto se complementará con la creación de secciones judiciales especializadas en corrupción.
Asimismo, se reforzará la protección a los denunciantes, garantizando su confidencialidad y apoyo legal. «La lucha contra la corrupción no puede basarse en rumores, pero tampoco en que información de valor se pierda en pasillos», defendió el presidente.
3. Castigos más duros para los corruptos
El plan endurece las consecuencias para quienes delinquen. Destaca la introducción de la figura del decomiso administrativo preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a un delito «sin necesidad de condena previa», evitando así que los responsables oculten el dinero robado.
También se duplicarán los plazos de prescripción de los delitos, se aumentarán las multas a las empresas corruptoras (calculadas sobre sus ingresos) y se crearán «listas negras» para impedirles volver a contratar con la administración. Para los partidos, se retirarán subvenciones si mantienen en sus filas a condenados por corrupción.
4. Fomentar una cultura de integridad
Finalmente, el paquete incluye medidas para fomentar un cambio cultural. El CIS realizará estudios anuales para medir la percepción ciudadana de la corrupción, se lanzarán campañas de concienciación y se reforzará la formación de los empleados públicos. Sánchez se comprometió a rendir cuentas sobre el avance de estas medidas en un plazo de 12 y 24 meses.
