El acuerdo, alcanzado este lunes en Barcelona, establece un cambio de modelo que daría a la Generalitat la capacidad de recaudar todos los impuestos en su territorio. Sin embargo, su aplicación final depende de un desarrollo legislativo en el Congreso y afronta el reto de una agencia tributaria catalana aún sin los medios suficientes.
El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han cerrado este lunes las bases de un nuevo modelo de financiación que aspira a ser «singular» para la comunidad. Tras meses de negociaciones y una reunión de dos horas en Barcelona, el acuerdo establece un cambio de paradigma en la gestión de los recursos: Cataluña pasaría de recibir transferencias del Estado a recaudar todos los tributos generados en su territorio.
«Se asegura la corresponsabilidad fiscal para que [Cataluña] tenga los recursos en relación a sus competencias», explicó el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres. Según el ministro, el pacto supone un «antes y un después» para el sistema de financiación autonómico, caducado desde 2014, y hace «compatible la multilateralidad con el resto de comunidades y la bilateralidad» con la Generalitat.
¿Cómo funcionaría el nuevo sistema?
La clave del modelo es que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asumiría la recaudación del 100% de los impuestos. A partir de ahí, el mecanismo se desarrollaría en varios pasos:
- Transferencia al Estado: Cataluña transferiría una parte de lo recaudado al Estado para pagar por los servicios que este presta en la comunidad.
- Aportación a la solidaridad: Se crearía una aportación para la solidaridad con el resto de comunidades, cuya cuantía todavía no se ha definido.
- Financiación de competencias propias: El Estado devolvería a Cataluña fondos para financiar sus competencias exclusivas, como los Mossos d’Esquadra o el sistema penitenciario.
Este diseño, calificado por la Generalitat como un «cambio de paradigma», busca eliminar los actuales fondos de compensación y los anticipos a cuenta, que según el Govern «distorsionan el reparto».
Los grandes desafíos: un modelo por definir y una agencia por construir
Pese al acuerdo sobre su estructura, el camino para la implantación del nuevo sistema es largo y complejo.
- Sin plazos y pendiente del Congreso: Lo pactado son solo las bases. El modelo debe detallarse, presentarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde están el resto de comunidades) y, fundamentalmente, ser aprobado en el Congreso de los Diputados mediante la modificación de varias leyes clave. La aplicación final depende, por tanto, de una mayoría parlamentaria.
- Una Agencia Tributaria insuficiente: El mayor reto práctico es la capacidad de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Actualmente cuenta con solo 839 empleados, frente a los 3.800 que tiene la agencia estatal (AEAT) en Cataluña. Fuentes del propio Govern admiten que la ATC «no está preparada» para asumir la gestión de todos los impuestos a corto plazo, como el IRPF en 2026, una de las condiciones de Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa.
- Un salto económico sin precedentes: El Govern calcula que la ATC pasaría de gestionar 5.000 millones de euros a más de 30.000 millones solo con el IRPF. Por ello, se ha encargado un informe a Indra para diseñar un plan de refuerzo de la agencia que se conocerá en las próximas semanas.
En definitiva, se trata de un «primer paso», según la Generalitat, que abre la puerta a una financiación singular, pero cuya concreción, calendario y viabilidad dependen ahora de complejas negociaciones políticas y de un notable fortalecimiento de la administración catalana.
