La Comisión Europea ha expresado este martes serias dudas sobre la ley de amnistía española ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca Caviedes, ha argumentado que la norma «no parece responder efectivamente a un objetivo de interés general», al entender que forma parte de «un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».
La vista se celebraba en Luxemburgo para analizar las preguntas presentadas por el Tribunal de Cuentas español, que debe decidir sobre la responsabilidad contable de Carles Puigdemont y otros líderes independentistas por el uso de fondos públicos en el procés.
Durante su intervención, el representante de la Comisión ha señalado que la ley podría considerarse una «autoamnistía», ya que los votos de sus futuros beneficiarios fueron «fundamentales» para su aprobación. Además, ha criticado que su tramitación por la vía de urgencia «ha ahondado la división profunda» en la sociedad y las instituciones españolas, ignorando las recomendaciones de órganos consultivos como la Comisión de Venecia, que pedían más tiempo y diálogo para buscar la reconciliación.
El abogado comunitario también ha advertido de que el plazo de dos meses que la ley impone a los jueces para decidir su aplicación puede ser contrario al derecho europeo, al impedir un examen adecuado de los casos y comprometer la tutela judicial efectiva.
El Gobierno defiende su legitimidad
En respuesta, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que la ley de amnistía persigue «un fin legítimo». Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha destacado los puntos en los que, según ella, el Gobierno y la Comisión Europea coinciden. «La ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE y no contraviene la directiva contra el terrorismo», ha subrayado.
