El Gobierno ha aprobado este martes una oferta de empleo público para 2025 que incluye 36.588 plazas, rompiendo la tendencia al alza de los últimos años. La cifra supone un descenso del 8,8% respecto a la de 2024, que marcó un récord histórico. Pese a la bajada, la oferta se aprueba sin el respaldo de ninguno de los sindicatos representados en la mesa de negociación (CSIF, UGT y CCOO, entre otros), que la consideran insuficiente para cubrir las necesidades reales de la administración.
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha defendido la medida argumentando que permite crear 5.400 empleos netos en la Administración General del Estado (AGE), revirtiendo los recortes de ejecutivos anteriores y reforzando los servicios públicos. «Vamos a conseguir servicios públicos más ágiles y eficaces», ha asegurado López.
Del total de plazas, 27.697 serán de nuevo ingreso y 8.891 de promoción interna. La mayor parte se destinará a la AGE, mientras que 7.373 plazas de nuevo acceso y 2.326 de promoción interna irán a la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.
Rechazo sindical unánime
La versión del Gobierno contrasta frontalmente con la de las organizaciones sindicales, que hace dos semanas dieron por rotas las negociaciones. Los sindicatos critican que la oferta no basta para compensar las jubilaciones previstas y las «pérdidas estructurales» de personal arrastradas durante décadas.
«No cumple con las necesidades que tiene la ciudadanía», lamentaba recientemente la responsable de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque. En la misma línea, el sindicato CSIF ha advertido de que «el 55% de la plantilla se jubilará en diez años», lo que evidencia la necesidad de una planificación a medio plazo mucho más ambiciosa. Las centrales sindicales vinculan este recorte en la oferta a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y a la situación de los fondos europeos.
