La Comisión Europea ha abierto un expediente contra el Gobierno español por su intervención en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell el 24 de junio. Aunque el Ejecutivo aprobó la operación, añadió condiciones a las ya requeridas desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como la imposibilidad de una fusión entre las entidades en los próximos tres años, un plazo ampliable hasta cinco.
Por su parte, las autoridades comunitarias consideran que la decisión no compete al Gobierno, al que acusan de infringir varias normas comunitarias, como las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales, al emplear las leyes en las que España se ha basado para fijar los requisitos de la operación.
Por ello, Bruselas da al Gobierno dos meses para aclarar cuestiones sobre el proceso, entre las que se encuentran una inadecuada transposición de las normativas europeas o la verdadera legitimidad del interés público que el Ejecutivo ha alegado para intervenir.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) dio el visto bueno, el año pasado, la adquisición de Banco Sabadell por parte del BBVA, y también el CNMC respaldó la operación.
Sobre la legalidad de las medidas establecidas, el Gobierno ha asegurado que se trata de una actuación que «está en línea con nuestra normativa doméstica» y que está se encuentra «plenamente alineada con la normativa europea», según ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
