Radiografía del ‘caso Montoro’: así funcionaba la trama para legislar a la carta

La investigación judicial que ha puesto en el foco al exministro Cristóbal Montoro desvela, según el juez, una presunta trama de corrupción diseñada desde la cúpula del Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo: modificar leyes para beneficiar a grandes empresas gasistas a cambio de importantes pagos a un despacho fundado por el propio Montoro, Equipo Económico.

A continuación, se desgrana el funcionamiento de esta red según el auto del juez de Tarragona que ha levantado el secreto de sumario.

El plan: cómo comprar una ley

La trama, descubierta por el hallazgo casual de un correo electrónico en 2018, operaba con un método sofisticado. Cuando un grupo de empresas gasistas (entre ellas Air Liquide o Carburos Metálicos) no lograba las rebajas fiscales que pretendía por las vías habituales, acudía a Equipo Económico (EE). Lo hacían, según los correos intervenidos, a sabiendas de que era «la vía más directa» por su «contacto directo» con el Ministerio.

El juez describe cómo, tras la contratación de EE, las reformas legislativas se materializaban «en poco tiempo y sin causa aparente». El sistema se disfrazaba como la contratación de un informe técnico, pero el auto judicial sostiene que el pago era en realidad una «comisión para el ejercicio de su influencia». Para dar apariencia de legalidad, se contrataba a otra consultora de prestigio (Ernst & Young) por una cantidad muy inferior para que hiciera los «retoques técnicos» y ocultara la «falta de consistencia» del trabajo de EE.

El resultado, según el juez, fue una «externalización indebida» del poder del Estado. Las propias empresas gasistas llegaron a «colaborar activamente» en la redacción de los textos legales que finalmente se aprobaron y que les supusieron dos grandes rebajas fiscales en 2013 y 2018.

La red de poder y el rastro del dinero

El auto sitúa a Cristóbal Montoro como el eje central. Como ministro, no solo tenía la máxima autoridad en la tramitación de estas leyes, sino que, según el juez, nombró a personas «estrechamente vinculadas» a su antiguo despacho en puestos «decisivos» del Ministerio. Entre los 28 imputados figuran su exsecretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre; su exsubsecretaria de Presupuestos, Pilar Platero (que también fue consejera de EE); y varios directores generales de Tributos y de la Agencia Tributaria.

Esta red de altos cargos, junto a otros socios de Equipo Económico que también habían ocupado puestos de responsabilidad en la etapa de José María Aznar, presuntamente garantizaba que las normas se redactaran «a demanda» de los clientes del despacho.

Por este presunto tráfico de influencias, Equipo Económico recibió de las gasistas casi 780.000 euros entre 2011 y 2019. El juez resalta la «abrumadora diferencia» entre esa cifra y lo que cobraban las consultoras que sí realizaban el trabajo técnico, lo que refuerza la tesis de que se pagaba por acceso y no por conocimiento.

La defensa y los delitos investigados

Tras conocerse la imputación, Equipo Económico ha negado «de forma tajante» haber participado en ninguna trama y ha recalcado que Montoro está «completamente desvinculado» de la firma desde 2008.

Los hechos, sin embargo, son investigados como presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude contra la administración, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas y falsedad documental.