Defensa o cuidados: el dilema del gasto público

Una nación que gasta más dinero en armamento militar que
en programas sociales se acerca a la muerte espiritual.»
Martin Luther King (1967)

En un momento en que el déficit público vuelve a preocupar y se anuncian recortes en distintas áreas, el Gobierno de España ha tomado dos decisiones importantes: aumentar el gasto en defensa en 10.471 millones de € este mismo año para cumplir con el 2,1% del PIB comprometido con la OTAN, y ampliar en 11.000 personas el número de militares en activo hasta 2035.

¿De dónde saldrá el dinero? Obviamente de nuestros impuestos. Según Bruselas, se podrían suspender las reglas fiscales de control del gasto público para permitir este aumento del gasto militar. Un gesto que contrasta con lo ocurrido durante la crisis económica de 2010, cuando se exigieron recortes drásticos en países como Grecia, obligándolos prácticamente a desmontar su sistema de bienestar para cumplir las órdenes de “los hombres de negro” enviados por la Unión Europea. La consecuencia inmediata del plan de ajuste fue la pobreza de la mayoría de la población. A España también le afectaron las medidas aunque ya no lo queramos recordar.

Es evidente que la seguridad es importante. Pero también es legítimo preguntarse: ¿a qué renunciamos cuando decidimos gastar más en defensa? Porque el presupuesto no es infinito. y gastar más en defensa significa, inevitablemente, recortar en otras partidas esenciales.

Veamos el impacto presupuestario: esos 10.471 millones de euros adicionales este año podrían servir para pagar más de 160.000 sueldos de médicos, profesores o enfermeras durante un año. Solo el aumento de efectivos militares —con un coste anual estimado en más de 500 millones de euros— equivale a contratar 9.000 enfermeras, 7.000 médicos de atención primaria o 12.000 docentes. Todos ellos perfiles escasos y necesarios en nuestra sanidad y educación públicas.

No se trata de oponer soldados a sanitarios. Se trata de elegir qué prioridades queremos como sociedad. Porque el presupuesto público refleja, al final, nuestras verdaderas apuestas. Y ahora mismo, el reflejo muestra una apuesta creciente por lo militar, aunque eso suponga debilitar los pilares del Estado del bienestar.

Obviamente esto no ocurre solo en España, sino que es una tendencia internacional impulsada desde la OTAN para toda Europa. En Francia, el primer ministro François Bayrou ha anunciado un plan de recorte del empleo público y del gasto social —incluidas pensiones, sanidad y educación— estimado en cuarenta y ocho mil millones de euros, mientras en paralelo multiplica por cinco la inversión en defensa. La conclusión es clara: se recorta en lo que da estabilidad y protección a la mayoría, y se incrementa lo militar. ¿Quién pagará esta factura?

La respuesta es conocida: la pagarán los más vulnerables. Quienes necesitan una atención sanitaria cercana, una escuela pública digna, una residencia para mayores o ayudas para la dependencia, también los pensionistas o quienes buscan una vivienda. Gente que no parece preocupar a Bruselas y que no aparece en los informes de defensa ni en los titulares, pero que sostiene cada día la vida en común.

La seguridad de un país no se defiende solo con armas. Se protege también —y, sobre todo— con hospitales, colegios, cuidados, empleo, viviendas y justicia social. Ante cada decisión presupuestaria, la democracia se resume en una elección: blindar lo esencial o fortalecer lo que conviene a unos pocos. Y en esa elección diaria mirar hacia otro lado no es una opción.

Miguel Barrueco Ferrero
Médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel