El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está siendo investigado por la justicia bajo la acusación de haber utilizado su cargo para favorecer a su despacho privado, Equipo Económico. Un juez de Tarragona, que ha mantenido la causa en secreto desde 2018, le atribuye un «rol nuclear» en una presunta trama de corrupción.
Según el auto judicial, Montoro habría diseñado un sistema para modificar leyes a medida de grandes empresas a cambio de dinero. Para ello, entre otras cosas, presuntamente nombró en puestos clave del ministerio a personas de su máxima confianza y estrechamente vinculadas a su despacho. Estos altos cargos, la mayoría también investigados, se habrían encargado de redactar las normas «a demanda» de los clientes que pagaban a Equipo Económico, asegurando así el control sobre la tramitación de leyes y reglamentos.
El juez imputa al exministro y a su equipo una larga lista de delitos, entre ellos cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Esta investigación arroja ahora una nueva luz sobre unas polémicas declaraciones del propio Montoro en 2013. En aquel entonces, y siendo ministro, justificó una profunda remodelación en la cúpula de la Agencia Tributaria afirmando que estaba «llena de socialistas». Sus palabras llegaron un día después de que su director en la Agencia, Santiago Menéndez, efectuara casi una treintena de relevos, un movimiento que la oposición socialista calificó de «caza de brujas».
Doce años después, tanto Montoro como Menéndez se encuentran en el centro de esta investigación judicial.
Precisamente Menéndez, que en su día aseguró en una entrevista que «la Agencia Tributaria nunca está politizada», es otro de los principales investigados. Un informe entregado al juez le acusa de filtrar de manera sistemática a Montoro «información reservada» de expedientes tan sensibles como los de Esperanza Aguirre, la baronesa Thyssen o una de las sociedades del tenista Rafa Nadal.
Según datos publicados por eldiario.es, durante los dos primeros años del gobierno de Mariano Rajoy se sustituyeron más de 300 cargos en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, el periodo en el que, según el juez, se habrían sentado las bases de la trama ahora investigada.
