El despacho que fundó Montoro habría ganado presuntamente 48 millones por vender cambios en las leyes

Informes de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, integrados en la investigación judicial, concluyen que el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro era, en esencia, una trama para el cobro de comisiones. Según la investigación, revelada por la Cadena SER, la firma se dedicaba a vender su «influencia» en el Gobierno para conseguir modificaciones legislativas a medida de grandes empresas, disfrazando los pagos bajo la apariencia de contratos de asesoría.

Los agentes cifran el negocio presuntamente corrupto en casi 48 millones de euros de beneficio neto entre 2008 y 2017. Este dinero procedería de pagos de clientes de sectores clave como el energético, las constructoras, las papeleras o el del juego, que buscaban un trato normativo favorable.

Aunque el despacho, Equipo Económico, empezó a operar con el PP en la oposición, sus beneficios se dispararon con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno y de Montoro al Ministerio de Hacienda. Solo en 2012, en plena crisis económica, la firma ganó casi 6,7 millones de euros, y sus ingresos se mantuvieron por encima de los 5,6 millones anuales durante los años siguientes. Los informes policiales vinculan este éxito económico directamente con las supuestas maniobras de la cúpula de Hacienda para beneficiar a los clientes del despacho.

La investigación también destaca que, entre 2008 y 2011, la firma fue contratada por varias administraciones públicas, siempre dirigidas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid o los ayuntamientos de Alcobendas y Tres Cantos. El propio PP nacional contrató sus servicios en 2010 y 2011.

Un «regalo» de 2.200 millones a las renovables

Un informe de los Mossos D’Esquadra, detallado por el diario El País, ofrece un ejemplo concreto de esta supuesta operativa. La policía autonómica sostiene que Montoro, desde su ministerio, «mitigó» un recorte al sector de las energías renovables por valor de 2.200 millones de euros.

Este importe, que debían haber asumido las compañías energéticas para compensar un déficit del sector, fue finalmente cargado a los Presupuestos Generales del Estado.

Según los investigadores, este «regalo» con dinero público se produjo después de que el despacho de Montoro firmara contratos por casi 10 millones de euros con las propias empresas afectadas.