Nuevas medidas del Gobierno permitirán sacar a la luz secretos del franquismo y la Transición, algo que será posible después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada. Por primer vez, el texto incluye la desclasificación automática sin necesidad de que se cumpla el plazo máximo de 60 años.
Esta nueva norma, pendiente de llegar al Congreso de los Diputados para su visto bueno en el Parlamento, sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales actual, aprobada en plena dictadura franquista (1968).
La nueva ley establece que el plazo máximo de clasificación será de 45 años, prorrogables otros 15. Establece desclasificar la información previa a la entrada en vigor de la nueva ley, por lo que los periodos del franquismo y la Transición quedan incluidos. Esto afectará a toda la información anterior a 1980, a excepción de datos que impliquen riesgos en materia de “seguridad nacional o de defensa”.
Al mismo tiempo, el proyecto especifica que la información sobre grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad serán considerados inclasificables.
La nueva ley podría ser una realidad “en el último trimestre de este año, y entraría en vigor en el último trimestre de 2026”, según ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Si los plazos se cumplen, las informaciones clasificadas relativas al golpe de Estado del 23-F dejarían de estarlo.
La información clasificada queda definida en el proyecto de ley como “toda aquella cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional o para la defensa”. Establece, además cuatro categorías: ‘alto secreto’ (45 años, prorrogables otros 15), ‘secreto’ (35 años, con prórroga de 10 años más), ‘confidencial’ (de siete a nueve años, sin prórroga) y ‘restringido’ (entre cuatro y cinco años).
Organizaciones que defienden los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han celebrado la noticia. La organización incluso ha puesto en marcha una recogida de firmas para apoyar la aprobación de la nueva ley.
