Miles de ucranianos han salido a las calles de Kiev y otras ciudades como Leópolis en las primeras protestas antigubernamentales significativas desde el comienzo de la invasión rusa. Los manifestantes expresan su rechazo a una nueva y controvertida ley que, según denuncian, desmantela la independencia de los organismos anticorrupción del país, un pilar clave en la lucha de Ucrania por su democracia y su futuro en Europa.
La tensión escaló después de que el Parlamento ucraniano, con el apoyo del partido del presidente Volodímir Zelenski, aprobara una ley que subordina la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO) a la Fiscalía General. En la práctica, la medida anula su independencia y las somete al control del poder ejecutivo, lo que podría impedir las investigaciones sobre corrupción en las altas esferas del Estado.
El Gobierno defiende la reforma como una medida necesaria para «erradicar la influencia rusa» en estas agencias y evitar que sean utilizadas contra los intereses de Ucrania. La ley se impulsó tras una redada del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en las oficinas de la NABU, en la que se acusó a varios de sus detectives de colaborar con un legislador prorruso.
Sin embargo, periodistas, activistas y expertos de la sociedad civil ucraniana rechazan esta justificación. Muchos lo consideran una represalia directa por investigaciones de la NABU que apuntaban a altos cargos cercanos a la oficina de Zelenski. Esta purga, afirman, es un intento de frenar la lucha contra la corrupción que el propio presidente prometió en su elección de 2019.
Fuerte advertencia de la Unión Europea
La reacción internacional no se ha hecho esperar. Los socios occidentales de Ucrania, y en particular la Comisión Europea, han expresado su «grave preocupación».
La comisaria de Ampliación, Marta Kos, calificó la ley como «un grave retroceso» y recordó que la independencia de estas agencias es «crucial» y «esencial» para las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE. «El Estado de Derecho sigue estando en el centro» del proceso, subrayó, vinculando directamente la reforma a la futura integración y a la recepción de fondos europeos.
A pesar de las advertencias, el presidente Zelenski ratificó la ley pocas horas después de su aprobación parlamentaria, lo que desencadenó de inmediato las movilizaciones ciudadanas en defensa de lo que consideran una democracia amenazada tanto desde fuera como, ahora, desde dentro.
