La estrategia de la defensa de la exsenadora y exalcaldesa socialista de Villamayor, Elena Diego, de atribuir la acusación de prevaricación al despecho del interventor municipal cuando vio presuntamente rechazadas sus aspiraciones amorosas, ha hecho aguas.
El juez cortó de raíz este jueves los intentos del abogado de Diego para aprovechar la declaración como testigo de Daniel N.M., el interventor de Villamayor en 2008, cuando quiso saber si estaba enamorado de la alcaldesa.
El magistrado dijo que acudía como testigo y le parecía inadmisible que se le interrogara sobre algo que podía incriminarle. Recordó que se estaba tratando de dilucidar si Elena Diego contrató o no a las dos monitoras con la oposición del interventor.
Daniel N.M. afirmó que en su día detectó irregularidades en las nóminas adjudicadas a las dos monitoras en cuestión, pero también ha reconocido que no se opuso a sus contrataciones o, al menos, que no pidió su anulación.
Negó las acusaciones
La exalcaldesa negó el miércoles haber cometido el delito, porque ningún técnico le advirtió de que estaba firmando dos contrataciones ilegales a dos monitoras. «Si hubiera actuado en contra de sus planteamientos, ellos habrían debido hacer constar su oposición. Pero no lo hicieron», declaró.
El juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal mantiene su petición de ocho años de inhabilitación para Elena Diego.
