Zánganos y parásitos de la colmena fiscal

La tributación ha sido causa de malestar social y trastornos en todas las épocas. Ya en la Antigüedad, el aumento de la presión fiscal ocasionó rebeliones y dio lugar a la decadencia del Imperio romano. Y en la Edad Moderna, como señaló Crane Brinton en su Anatomía de las revoluciones, los problemas fiscales prendieron la mecha de todas las revoluciones, desde la inglesa del s. XVII hasta la rusa de 1917, pasando por la independencia de EE.UU. y la francesa de 1789. Y tuvieron mucho que ver con las revueltas del s. XVII contra el imperio español en Países Bajos, Nápoles, Portugal y Cataluña, sin olvidar la Revuelta de los Comuneros de 1521. De un modo u otro se plantean siempre las mismas cuestiones: la legitimidad del poder para implantar nuevos impuestos o agravar los ya existentes y, por otro lado, el alcance de su obligatoriedad, dado que en el Antiguo Régimen la nobleza y el clero, los privilegiados, lo eran precisamente porque, entre otras cosas, gozaban de exención fiscal.

Se deduce, pues, la conveniencia de que las administraciones arbitren con prudencia los impuestos, para evitar la inestabilidad política y el marasmo de la economía, persiguiendo a la vez a evasores y defraudadores. La tendencia al aumento del gasto público lo ha colocado en cotas cercanas al 50 % del P.I.B. (una media del 49,9 % para los países de la UE, con España algo por debajo: el 45,4 %), algo a lo que también afecta el elevado endeudamiento público, que en España se halla en torno al 46-48 % del P.I.B., casi lo mismo que el gasto. Así pues, el incremento de la presión fiscal es algo imparable.

Evitaremos la polémica sobre si este incremento se corresponde con una mejora proporcional de las infraestructuras y los servicios públicos y el no menos espinoso tema de si la tributación es tan progresiva como debiera ser. Lo que sí parece evidente es que hay un descontento ciudadano al respecto. Aun así, un mínimo de educación cívica nos debe llevar a cumplir nuestras obligaciones fiscales y por ello son irresponsables las soflamas de algunos políticos o empresarios que hablan del “robo” de Hacienda, de “confiscaciones” o de que la ministra nos mete la mano en los bolsillos; muchas veces son los mismos que se adjudican buenos sueldos y dietas y aumentan los gastos de sus chiringuitos institucionales mientras reducen los impuestos (especialmente los que caen sobre los de mayor patrimonio), engrosando la deuda.

El fraude y la evasión fiscal han sido y son habituales en todas partes. Pero las mordidas del exministro Montoro y sus adláteres suponen un salto cualitativo en la escalera de la corrupción. Leyes hay para castigarlas con penas de cárcel, inhabilitación y embargo de bienes que garantice el resarcimiento de lo sustraído al erario. Pero tales sanciones deben ser dictadas por jueces y no hay suficientes. Es deprimente pensar que con el dinero sustraído se hubiera podido costear el aumento de las plantillas del Ministerio de Justicia, entre otras cosas. ¿Llegará Montoro a pisar la cárcel?